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Por Omar Garfias
@Omargarfias
En 2018, los campesinos sinaloenses le creyeron a Andrés Manuel López Obrador.
Les prometió siete mil pesos por tonelada como precio de garantía para el maíz y firmó un acuerdo para que ‘se termine el menosprecio, el abandono al campo y se comience una etapa nueva de rescate a los campesinos y a la actividad productiva’.
‘Les digo de manera sincera que el rescate al campo es una de las principales prioridades de nuestro gobierno, vamos a impulsar las actividades productivas del campo como no se ha hecho en mucho tiempo, en décadas’, presumió.
Luego de cuatro años de gobierno, muchas voces campesinas reclaman que se cumplan esas promesas.
Algunos aún se resisten a manifestarse, como lo hicieron contra otros gobiernos que tampoco les cumplieron.
El presidente desapareció Financiera de Desarrollo Rural, el banco gubernamental; si los campesinos sinaloenses quieren crédito, deben ir a la banca privada.
El presidente desapareció varios programas y redujo el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Rural. Los campesinos sinaloenses compiten, sin apoyo del gobierno, contra agricultores de otros países.
El presidente deja solos a los campesinos sinaloenses en el mercado.
El presidente aplica una política neoliberal a los campesinos sinaloenses.
Los campesinos sinaloenses cumplieron con producir seis millones de toneladas de maíz y ahora exigen se les cumpla la promesa de precio de garantía; sólo así sus familias tendrán condiciones dignas de alimento, vivienda, vestido, educación y salud.
El mercado ofrece 5 mil 800 pesos; el gobierno quiere comprar a 6 mil, y sólo un millón de toneladas, a 6 mil 965.
Lo que está en juego es la calidad de vida de las familias campesinas.
Si los dejan solos tendrían que comer menos, no reparar sus viviendas, no comprar útiles escolares ni medicinas y, probablemente, no tener qué sembrar el próximo ciclo.
Ya protestaron y obligaron a que les dieran una primera respuesta, insuficiente, pero es el inicio de la ruta.
Si no hubieran reclamado, nada les hubieran dado.
No son los únicos.
‘Con el precio que hoy tenemos es la muerte del campo, si el gobierno no sale en auxilio de los productores’, dice Juan Leyva Mendívil, líder de los productores de trigo de Sonora.
‘El año pasado llegamos a vender nuestras cosechas en 12 mil millones de pesos; con la caída del precio internacional y la depreciación del dólar, venderíamos en 8 mil millones de pesos; son 4 mil millones menos’.
‘Al sordo hay que gritarle’ agrega el sonorense.
De ‘politiquerías’, tacha un diputado de Morena los reclamos de los campesinos sinaloenses.
Los mexicanos consumimos 33 millones de toneladas de maíz blanco al año.
Los seis millones que producen los campesinos sinaloenses son fundamentales.
Si los productores de maíz se hubieran comportado como ‘neoliberales’ y hubieran sembrado lo que tenía mejor pronóstico de precio en el mercado, hoy el país sería deficitario en el artículo alimentario más consumido.
Los precios de la tortilla estarían mucho más altos, al igual que otros componentes esenciales de la comida de los mexicanos. Estaríamos negociando y comprando maíz a otros países, con el pie de ellos en nuestro cuello.
El 29 de octubre pasado vino el presidente a Guamúchil, Sinaloa, a pedir a los campesinos sinaloenses aumentar las siembras de maíz para evitar que continuara la inflación de los alimentos.
Los campesinos aumentaron la superficie cultivada de 439 mil hectáreas que habían sembrado el ciclo pasado, a 501 mil en la actual.
Los campesinos sinaloenses cumplieron.
Ahora les responden que quienes tienen que comer menos son sus familias.
Ahora resulta que el gobierno no puede intervenir porque no quiere alterar los precios que marca el mercado.
Ahora resulta que el presupuesto del gobierno no puede ser usado para apoyar a las familias de quienes produjeron los alimentos que todos comemos.
Los campesinos sinaloenses enfrentan una prueba suprema.
Buscan vida digna para su familia.
Buscan pago justo para su titánico esfuerzo.
Enfrentan a un gobierno neoliberal y sin sentido social.
Los campesinos deben salir de este proceso con mayor capacidad productiva y con una nueva relación con el gobierno, los mercados y la sociedad.
No los dejemos solos.
Censuremos a los funcionarios y líderes que les fallen.
No deben perder.
¡Siete mil pesos por tonelada de maíz y 8 mil por la de trigo!