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¿Ciudadano y ex funcionario modelo?


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TEMAS CENTRALES

 

Por Miguel Tirado Rasso

 

Adán reacciona:

hay una campaña

de desprestigio

en su contra, afirma,

y sabe de parte

de quién y de quiénes

y por qué lo hacen.

 

Parece que para algunos destacados políticos de la Cuarta Transformación su apuesta es cruzar pantanos sin mancharse, a menos que la benevolencia contenida en la frase atribuida a Benito Juárez, tan popular durante el sexenio pasado, de aplicar justicia y gracia a los amigos continúe vigente, particularmente en lo de “gracia”, con el el argumento de que aplicar la ley a secas arriesga el legado del fundador de Morena.

Ahora vemos que el tan proclamado combate a la corrupción —eje del movimiento obradorista y que con base en “los otros datos” declaró misión cumplida en las conferencias mañaneras con todo y pañuelo blanco agitado— no pasó de ser una promesa de campaña alarmantemente incumplida.

Algunos se sorprenden ante los casos de corrupción descubiertos y, en defensa, alegan se trata de campañas mediáticas orquestadas por la “derecha conservadora” que busca desprestigiar a la 4T. Sin embargo, ante las evidencias, a las autoridades actuales no les queda más remedio que actuar, investigar y aplicar la ley.

Sólo con el combate a la impunidad podrá el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum salvar lo rescatable que pueda tener la 4T.

Desde hace varias semanas, los reflectores se concentraron en uno de los personajes destacados del gobierno pasado: Adán Augusto López Hernández, una “corcholata” que no prosperó y a quién su paisano Andrés Manuel López Obrador ofreció, como premio de consolación, la coordinación de la bancada morenista en el Senado, una designación que, en la ortodoxia sucesoria, correspondía a la mandataria entrante pero que el saliente decidió arrogarse, igual que otras nominaciones más, para asegurar la continuidad de su proyecto político.

Resulta que Adán Augusto —ex gobernador, ex secretario de Gobernación, ex corcholata y actual líder del grupo parlamentario de Morena en el Senado, cargos todos por gracia de su paisano— dejó sentir, desde el inicio del gobierno de la presidenta, que noo debía nada a la mandataria, en lo que tenía algo de razón, aunque olvidó que, en nuestro sistema presidencialista, la titular del Ejecutivo es y será la jefa durante todo su gobierno. Al menos, de acuerdo a la experiencia histórica.

Don Adán tiene un pasado sospechoso. En sus tiempos de gobernador decidió nombrar como secretario de Seguridad Pública a Hernán Bermúdez Requena, a quien conocía de tiempo atrás.

Este personaje mezcló sus actividades oficiales con las delincuenciales del grupo criminal “La Barredora”, que encabezaba. El senador niega rotundamente haber conocido el lado oscuro de su subalterno, algo difícil de creer cuando filtraciones de Guacamaya Leaks al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional en 2021 hablan de informes de inteligencia militar que relacionan a Bermúdez con actividades delictivas de “La Barredora”. Inclusive en 2019 había sido sujeto a investigación por los delitos de extorsión y secuestro exprés contra un empresario gasolinero.

El senador niega haberse enterado de los malos pasos de su colaborador, aún cuando fue secretario de Gobernación, dependencia que encabeza el gabinete de seguridad nacional.

Las cosas se le han complicado el senador y, al estilo del de Macuspana, ha doblado la apuesta. Tras una investigación periodística sobre ingresos no declarados y discrepancias entre sus declaraciones fiscales y patrimoniales de los años 2023 y 2024, el tabasqueño reconoció ingresos por casi 80 millones de pesos por concepto de “servicios profesionales” prestados a empresas contratistas durante su gobierno, además de una herencia en dólares.

Dice ser el notario público de mayor éxito en la historia de Tabasco, además de ganadero, arrendatario y accionista en sociedades mercantiles. En fin, todo un ciudadano y ex funcionario modelo, según se autocalificó.

No parece preocuparle el posible conflicto de intereses, por el hecho de que las empresas que lo contrataron y pagaron su asesoría legal, según su dicho, hayan sido beneficiarias contratistas durante su época de gobernador. Y si bien declaró esos ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), no los incluyó en su declaración patrimonial, omisión que sanciona la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Tampoco tuvo empacho en señalar pagos de impuestos notoriamente inferiores a lo que debió cubrir: 2.4 por ciento contra el 35 por ciento establecido en la ley. Corrigió estos datos y alegó que lo habían malinterpretado. Y es que resultaba obvia la evasión fiscal, un trato preferencial o hasta la posibilidad de operaciones de lavado de dinero.

En su respuesta a las investigaciones, Adán reacciona: hay una campaña de desprestigio en su contra y afirma que sabe de parte de quién y de quiénes y por qué lo hacen, y que en su momento los dará a conocer.

Además, lanza un agresivo y delicado mensaje a quien corresponda: “Ahora resulta que el pato mayor le tira a las escopetas”… y a la pregunta de si se trata de fuego amigo, responde “se los dejo de tarea”.

Temerario, el senador.

Octubre 2 de 2025

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