¿Conexión mortal?
- migueldealba5
- hace 6 minutos
- 4 min de lectura
Temas centrales de la política en México
El envío masivo a los Estados Unidos
de narcotraficantes de todo nivel,
sin mayores trámites,
fue el cálculo con el que el gobierno
supuso cumplir su colaboración
en la lucha contra el narcotráfico.
Parte 1
Por Miguel Tirado Rasso
No parece que las cosas le estén saliendo bien a Morena en el sensible tema del enfrentamiento al crimen organizado. La inseguridad, cuya percepción a pesar de las encuestas oficiales que registran cada mes una disminución en el número de homicidios dolosos, se mantiene como una de las principales preocupaciones de la población encuestada.
Tampoco se ven avances importantes en el combate a la corrupción. Al menos, no tan efectivo cuando los niveles jerárquicos en donde amenaza aparecer resultan de un elevado rango, políticamente inconveniente según criterio del círculo rojo morenista, para la unidad y posicionamiento de su Movimiento. Que la mancha de impunidad crezca y afecte la imagen del gobierno al interior, y la del país al exterior, no les preocupa.
Quizá sin medir las consecuencias, el gobierno tomó una arriesgada decisión que no ha mejorado la particularmente difícil relación con los Estados Unidos en estos tiempos de Donald Trump, con un estilo de gobernar personalista, de confrontación, más por ocurrencias y exabruptos. El principal socio comercial no acaba por descifrar el tipo de relación que quiere y le conviene con México.
Peleado con el mundo, según su estado de ánimo aplica aranceles a diestra y siniestra, dejando siempre —o casi siempre— un margen de tolerancia a su vecino del sur.
La sobrevivencia de reglas de un Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) que se resiste a morir ha amortiguado la furia trumpista. El TMEC, un tanto magullado, pareciera perfilarse por la vía bilateral —EUA y México—, con revisiones anuales que sin duda afectan por la incertidumbre del corto plazo. Dadas las circunstancias, es el menor de los males.
Sin embargo, hay un tema en el que Donald Trump ha sido enfático y más que claro. El primer día de su gobierno firmó una de sus amenazantes órdenes ejecutivas para iniciar el proceso de declarar a los cárteles del narcotráfico —la mayoría de México— como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
“Representan una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos”, argumenta en el documento. Ya el mismo texto afirmaba que “…en ciertas zonas de México funcionan como entidades cuasi gubernamentales, controlando casi todos los aspectos de la sociedad”.
A partir de entonces, el neoyorquino no ha dejado de repetir a la menor provocación que México perdió el control de su territorio y los cárteles de la droga mandan en el país; que la mandataria es una mujer maravillosa pero está asustada ante esa situación. Los mensajes y la posición del gobierno norteamericano no permiten duda de que en este tema no hay mucha tolerancia.
El envío masivo a los EUA de narcotraficantes de todo nivel sin mayores trámites, fue el cálculo con el que el gobierno mexicano supuso cumplir su cuota de colaboración en la lucha contra el narcotráfico. Más de 90 narcos entregados a las autoridades norteamericanas para ser juzgados en ese país, de quienes, además, podrían obtener valiosa información, real o a conveniencia, para conocer los secretos de su operación criminal en México.
Pero resultó que los fiscales norteamericanos, tras las investigaciones de sus agencias de seguridad e inteligencia, —Administración de Control de Drogas (DEA), Agencia Central de Inteligencia (CIA), Oficina Federal de Investigaciones (FBI),Departamento de Seguridad Nacional (DHS u Homeland Security), entre otras, más la información proveniente de los acuerdos con los delincuentes sometidos a juicio, elevaron la mira a quienes definieron como narcopolíticos.
Se trata de aquellos funcionarios públicos, gobernantes, políticos o agentes de seguridad que protegen, financian o colaboran activamente con los cárteles de la droga, porque difícilmente el desarrollo del imperio de las drogas que prevalece en México desde hace tantos años, pudo lograrse sin la protección, complicidad o “ignorancia” de autoridades de los tres niveles de gobierno: municipales, estatales y federales.
El presidente Trump ha llevado paso a paso la política antidrogas de los EUA. Primero declaró a los cárteles como Organizaciones Terroristas. En diciembre de 2025, al publicar la Estrategia de Seguridad Nacional, en la que prioriza el combate al narcotráfico mediante un reajuste de recursos militares cercanos. En marzo de 2026 al crear el Escudo de las Américas, una coalición militar regional con la participación de 17 países, “enfocada a usar la fuerza letal contra los cárteles del narcotráfico”, convocatoria en la que no se incluyó a México, Brasil y Colombia.
En abril de 2026, al solicitar por vía diplomática la detención provisional con fines de extradición de diez funcionarios públicos y políticos de Sinaloa, incluido el gobernador en funciones.
En mayo, con la publicación de la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, que redefine la política antidrogas bajo el enfoque de seguridad nacional para combatir el fentanilo y los cárteles del narcotráfico, y la demanda de resultados tangibles a México: confiscaciones, destrucción de laboratorios y aumento de extradiciones “para mantener la cooperación bilateral de seguridad”.
A todo esto se suman los reiterados señalamiento del presidente Trump en foros internacionales de que en México quienes mandan son los narcotraficantes, con lo que desprestigia al país y crea una imagen de narcoestado.
Lo más grave es que no parece existir una estrategia del gobierno mexicano para contrarrestar esa campaña, por lo que prefiere asumir el costo del desprestigio antes que exhibir supuestas complicidades con el narcotráfico de algunos distinguidos miembros de su partido.
(Continuará)
29 de julio de 2026