Cuando nadie manda, gobierna el desorden

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Al no respetar a la autoridad

por ser autoridad, nuestra

vida es rehén de la fuerza,

la presión y la impunidad.

México vive un momento peligroso

y no hay quien nos defienda.

Hay algo más preocupante que una sociedad inconforme: una sociedad que empieza a creer que la ley es opcional.

México vive un momento extraño. La desobediencia, la agresión, el desconocimiento de la autoridad y el rompimiento de las reglas comienzan a ser parte de una normalidad que debería alarmar. No hablamos de la protesta legítima, del desacuerdo político ni del derecho a exigir. Hablamos de algo distinto: de la convicción de que las normas pueden ignorarse cuando estorban, de que la autoridad puede ser desafiada cuando no conviene y de que la violencia puede convertirse en argumento.

El problema es mayor cuando la autoridad perdió la voluntad de ejercer su propia autoridad.

Los tres niveles de gobierno enfrentan, con distinta intensidad, ese desplazamiento. Policías rebasados, funcionarios cuestionados, territorios donde grupos criminales imponen sus reglas y ciudadanos que —en ocasiones— encuentran más eficacia en la presión, el bloqueo o la amenaza que en las instituciones.

Y desde el poder aparece una frase utilizada sin cuidado, convertida en una peligrosa coartada: “el pueblo manda”.

Por supuesto que sí, pero en una democracia el pueblo manda a través de las instituciones, de las elecciones y de la ley, no por encima de ellas.

La soberanía popular no significa que cada quien pueda hacer lo que quiera. Quiere decir exactamente lo contrario: que todos, gobernantes y gobernados, están sometidos a las mismas reglas.

Ahí comienza una de las grandes contradicciones de nuestro tiempo.

Mientras parte de la sociedad pierde el respeto por la autoridad, una parte del poder parece perder el valor de ejercerla. Y entre ambas cosas surge un territorio fértil para el desorden.

La corrupción agrava el problema. Cada nuevo escándalo alimenta la sospecha de que algunos funcionarios están más preocupados por aprovechar el cargo que por cumplirlo. Y cuando a las acusaciones sólo se responde con descalificaciones políticas, con la explicación de que todo forma parte de una campaña de la “ultraderecha” o con la defensa automática del proyecto, la percepción pública recibe un mensaje devastador: investigar es menos importante que justificar.

Una democracia no se fortalece al defender a los propios de cualquier acusación. Se fortalece al investigar, aclarar y, cuando corresponda, sancionar.

Lo mismo ocurre con el crimen. Ley que no se aplica deja de ser respetada y comienza a convertirse en una recomendación. Una autoridad que teme aplicar la ley termina por perder algo más importante que una batalla política: la autoridad.

El círculo es perverso. El ciudadano deja de creer en las instituciones. Las instituciones dejan de responder con eficacia. La impunidad confirma el desencanto. El desencanto produce más desobediencia.

Romper ese círculo también corresponde a los ciudadanos.

Las urnas son la herramienta más poderosa para hacerlo. No porque una elección resuelva mágicamente la corrupción, la violencia o la pérdida de confianza, sino porque puede establecer algo que el poder entiende perfectamente: el costo político de gobernar mal.

Votar no debería ser solamente elegir a quien nos gusta. También debe significar recordar que ningún gobierno es propietario del poder.

Pero la responsabilidad no termina frente a las urnas. El país necesita recuperar una idea sencilla que se ha extraviado: los derechos no existen separados de las obligaciones. Y la libertad no consiste en hacer cualquier cosa sin consecuencias.

El cáncer del desorden no está solamente en los ciudadanos que rompen las reglas ni en los funcionarios que las usan a conveniencia.

Es momento de romper con la idea de que la ley sólo debe cumplirse cuando nos conviene, porque cuando esa idea se instala, nadie manda. Y cuando nadie manda, termina por mandar el desorden.