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Debe protegerse el derecho a recibir información plural


Redacción


En una sociedad democrÔtica, la respuesta frente a la desinformación no debe ser la imposición de una narrativa única, sino el fortalecimiento del periodismo profesional, la alfabetización mediÔtica, la pluralidad informativa, la ética de la comunicación y la participación crítica de las audiencias, afirmó la Academia Mexicana de la Comunicción, A. C.

En un posicionamiento público, la Academia hace un llamado a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que las observaciones recibidas durante la consulta pública sobre el anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias se analicen de manera abierta, transparente y técnicamente fundada, y para que el texto definitivo proteja simultÔneamente los derechos de las audiencias, la libertad de expresión, la autonomía editorial y el derecho de la sociedad a recibir información plural.

A continuación, el texto íntegro del posicionamiento de la Academia:

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Libertad de expresión y derechos de las audiencias: un equilibrio democrÔtico 

Sobre el anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, la Academia Mexicana de la Comunicación, A. C., como cuerpo colegiado, independiente y plural, reconoce que los derechos de las audiencias constituyen una dimensión fundamental del derecho a la información y de la vida democrÔtica.

Las personas tienen derecho a recibir información plural, verificable y oportuna; a distinguir entre información noticiosa, opinión y publicidad; a ejercer el derecho de réplica; a contar con mecanismos accesibles para presentar observaciones y quejas, y a recibir contenidos incluyentes y accesibles para las personas con discapacidad.

Por ello, la Academia reconoce la importancia de que los medios de comunicación cuenten con códigos de ética, defensorías de las audiencias y mecanismos transparentes de rendición de cuentas. Asimismo, valora positivamente la apertura de una consulta pública sobre el anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

No obstante, después de analizar el documento sometido a consulta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la Academia advierte disposiciones que, de no ser precisadas, podrían afectar la libertad de expresión, la libertad de prensa, la autonomía editorial y el ejercicio profesional del periodismo.

En particular, generan preocupación:

La utilización de conceptos abiertos como ā€œinformación falsaā€ e ā€œinformación descontextualizadaā€, sin criterios objetivos que permitan determinar su alcance y aplicación.

La facultad de la autoridad reguladora para revisar, modificar o revocar las determinaciones de las defensorías de las audiencias, lo que podría trasladar al Estado la decisión final sobre la veracidad, pertinencia o contexto de los contenidos informativos.

La posibilidad de imponer sanciones económicas considerables por incumplimientos definidos de manera general, con el consecuente riesgo de generar autocensura o inhibir investigaciones periodísticas, filtraciones de interés público, coberturas en vivo y la difusión de información en desarrollo.

La ausencia de salvaguardas suficientemente claras para proteger la crítica, la opinión, la sÔtira, los juicios de valor, las fuentes confidenciales y los errores cometidos de buena fe en el ejercicio periodístico.

La falta de una delimitación precisa entre las funciones de las defensorías de las audiencias, el derecho de réplica y las atribuciones sancionadoras de la autoridad.

La Academia sostiene que la libertad de expresión y los derechos de las audiencias no son principios antagónicos. Ambos forman parte del mismo sistema democrÔtico y deben protegerse simultÔneamente.

La defensa de las audiencias no puede sustentarse en la creación de una verdad oficial ni en la facultad de una autoridad administrativa para determinar qué informaciones, opiniones o interpretaciones pueden difundirse. La veracidad de la información debe entenderse como un deber de diligencia, investigación, contraste de fuentes y rectificación oportuna, y no como una obligación de certeza absoluta determinada por el Estado.

En consecuencia, la Academia Mexicana de la Comunicación propone:

Definir de manera estricta y objetiva los conceptos de información falsa y descontextualizada, limitÔndolos a afirmaciones fÔcticas susceptibles de comprobación.

Excluir expresamente de esas categorƭas las opiniones, la crƭtica polƭtica, la sƔtira, los juicios de valor y las expresiones protegidas por la libertad editorial.

Incorporar un estÔndar de diligencia periodística razonable que considere el interés público de la información, la verificación posible al momento de la publicación, la buena fe, la protección de las fuentes y la corrección oportuna.

Establecer reglas particulares para las transmisiones en vivo y las noticias en desarrollo, en las cuales la información puede confirmarse o modificarse progresivamente.

Preservar la independencia de las defensorías de las audiencias y limitar la intervención de la autoridad a la revisión de la legalidad y del debido proceso, sin sustituir el criterio editorial ni convertirse en Ôrbitro de la verdad.

Vincular cualquier sanción a conductas expresamente previstas en la ley y aplicar criterios de gradualidad, proporcionalidad, capacidad económica, reincidencia y cumplimiento espontÔneo.

Garantizar condiciones de igualdad procesal para las audiencias, las defensorĆ­as, los concesionarios, los periodistas y las personas responsables de los contenidos.

Establecer expresamente que la presentación de una queja no podrÔ ocasionar el retiro, la interrupción o la modificación preventiva de contenidos.

Fortalecer la consulta pública mediante mesas de anÔlisis con periodistas, comunicadores, especialistas, universidades, defensorías, organizaciones de la sociedad civil, medios públicos, comunitarios y comerciales.

La Academia Mexicana de la Comunicación se pronuncia a favor de una protección efectiva de los derechos de las audiencias, sustentada en la ética, la autorregulación, la transparencia, la pluralidad y la responsabilidad social de los medios.

Al mismo tiempo, rechaza cualquier mecanismo que, bajo la finalidad de proteger a las audiencias, pueda utilizarse para imponer controles editoriales, inhibir la crítica, sancionar la disidencia o restringir directa o indirectamente la libre circulación de las ideas.

En una sociedad democrÔtica, la respuesta frente a la desinformación no debe ser la imposición de una narrativa única, sino el fortalecimiento del periodismo profesional, la alfabetización mediÔtica, la pluralidad informativa, la ética de la comunicación y la participación crítica de las audiencias.

La Academia hace un llamado a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que las observaciones recibidas durante la consulta pública sean analizadas de manera abierta, transparente y técnicamente fundada, y para que el texto definitivo proteja simultÔneamente los derechos de las audiencias, la libertad de expresión, la autonomía editorial y el derecho de la sociedad a recibir información plural.


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