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Por Omar Garfias
@Omargarfias
En 2016 habÃa en el gobierno federal 6 mil 533 empleados ocupados en prevenir, detectar y sancionar posibles actos de corrupción, adscritos a los órganos internos de control de cada secretarÃa y dependencia.
En 2022 solo eran 2 mil 959.
La fuente de la información es el Censo Nacional del Gobierno Federal 2023 elaborado por el Instituto Nacional de EstadÃstica, GeografÃa e Informática (INEGI).
La presidenta del INEGI, Graciela Márquez Colin, fue designada por el presidente López Obrador y, al inicio del sexenio, habÃa colaborado con él como su secretaria de EconomÃa.
Este mismo censo indica que, en 2022, el gobierno federal celebró 178 mil 784 contratos para comprar algún material, rentar equipos, instalaciones o recibir un servicio.
De esos contratos, 19 mil 288 los realizó mediante un concurso para que se concretara la operación con quien presentara la mejor propuesta de precio y calidad, y se hizo una convocatoria abierta para que participara en esa competencia quien quisiera. Esto es, se llevaron a cabo licitaciones públicas.
Otros 7 mil 403 contratos se dieron convocando sólo a algunos participantes para que concursaran entre ellos; una invitación restringida.
De 2 mil 711 compras, no se sabe cómo las hicieron.
Los restantes 149 mil 352 contratos se asignaron a las personas y empresas que quisieron los funcionarios federales, quienes los eligieron libremente, sin concurso, por adjudicación directa.
El monto pagado a estos proveedores y contratistas favorecidos por los funcionarios federales a través de una adjudicación directa, fue de 181 mil 661 millones 490 mil 368 pesos.
En materia de obra pública, el gobierno del presidente López Obrador asignó 1 mil 207 contratos mediante adjudicación directa por un monto de 22 mil 686 millones 457 mil 242 pesos.
El Plan Nacional de Desarrollo es el documento legal y polÃtico más importante que presenta un presidente a la Nación.
En él, Andrés Manuel López Obrador prometió que pondrÃa un control más para dificultar la corrupción: eliminar las adjudicaciones directas.
El presupuesto total que pasó por las manos de los funcionarios federales en 2022, incluyendo además de las compras y construcción de obras el pago de salarios, programas en efectivo, etc., fue de 4 billones 481 mil 608 millones de pesos.
En 2016, antes de López Obrador, se llevaron a cabo 3 mil 979 auditorÃas a las instituciones de la Administración Pública Federal por parte de las autoridades de control, vigilancia y/o fiscalización, para detectar irregularidades y actos de corrupción.
En 2022, ya con López Obrador, sólo se realizaron 2 mil 318 auditorÃas.
En 2018 se iniciaron 12 mil 618 procedimientos de responsabilidad administrativa ante irregularidades detectadas.
En 2022 sólo se iniciaron 3 mil 747 procedimientos.
En 2017 se impusieron 9 mil 256 sanciones contra servidores públicos de la Federación.
En 2022 sólo se impusieron 2 mil 783 sanciones.
Los mecanismos internos del gobierno federal de combate a la corrupción han sido debilitados.
Hay menos personal dedicado a ello.
Se audita menos.
Se investiga menos.
Se denuncia menos.
Se castiga menos.
El control interno está desconectado.
Uno de los mecanismos de control externo, la AuditorÃa Superior de la Federación, también está disminuida.
En 2018 la Cámara de Diputados, con mayorÃa de Morena, nombró a un nuevo auditor superior.
La AuditorÃa Especial de Cumplimiento Financiero llevó a cabo 341 auditorÃas a la cuenta pública 2016 con el anterior auditor, de las que derivaron 645 observaciones por 38 mil millones de pesos; en contraste, a la cuenta pública 2021, con el actual titular, sólo se le realizaron 269 auditorÃas, que dieron lugar a apenas 378 observaciones, por únicamente ocho mil millones.
Uno más de los controles externos es la FiscalÃa Especializada contra Delitos de Corrupción, dependiente de la FiscalÃa General de la República (FGR).
La relación del fiscal Alejandro Gertz con el presidente es muy buena y se refleja en que de las 12 mil 490 carpetas abiertas desde que empezó este gobierno federal, sólo se han judicializado exitosamente 254 y únicamente ocho han alcanzado sentencias firmes.
A su vez, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción que debe medir, estudiar y proponer soluciones, ha sufrido una reducción de 40 por ciento de su presupuesto. Tiene menos manera de cumplir su función.
Controles apagados, desconectados, debilitados.
Otro control externo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), está propuesto para que desaparezca.
Es el organismo autónomo que garantiza que los ciudadanos podamos acceder a la información que tiene el gobierno sobre, entre otras cosas, cómo usa el presupuesto, cómo lo gasta, en qué, con qué proveedores y contratistas.
El presidente dice que es mucho invertir 1 mil millones en vigilar el ejercicio de más de 4 billones 481 mil millones de pesos.
Propone que los controles internos que dependen del mismo gobierno, y que no tienen personal suficiente, sean los encargados de obligar a sus jefes a darnos la información que necesitamos.
Expone el jefe del Ejecutivo que eliminar al INAI es una de las razones para votar por su partido.
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo, el primero de febrero, que en las próximas elecciones se debe tener mayorÃa en la Cámara de Diputados y Senadores a fin de aprobar sus iniciativas.
Desaparecer un control, un contrapeso, es su propósito.
Funcionarios con los cajones abiertos, sin mayor lÃmite que su libre albedrÃo.
El INEGI, por su parte, reporta que el 65 por ciento de la población mayor de 18 años considera que ocurren prácticas de corrupción de manera frecuente o muy frecuente en el gobierno federal.