El negocio del gobierno de Sinaloa es negar la inseguridad y no invertir en solucionarla

Desaparecidos.

Por Omar Garfias

@Omargarfias

Un consenso entre los sinaloenses es que vivir ahí es inseguro. Así lo piensa 80 por ciento de los ciudadanos del estado —90 por ciento en el caso de Culiacán—, informa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La élite en el poder, el gobierno, sostiene lo contrario: “Vamos bien, hay bachecitos, pero vamos bien en seguridad”, dijo el gobernador Rubén Rocha Moya el 22 de diciembre pasado.

“En el gobierno de Morena se trabaja fuertemente por la seguridad y la justicia de las familias, porque vamos bien y vamos a ir mejor”, resaltó la diputada Teresa Guerra el 5 de septiembre. “Los delitos van a la baja” sostuvo la senadora Imelda Castro el 18 de octubre.

Quienes tienen el poder están muy separados de lo que vive el pueblo. Su interés no es construir paz, sino convencer de que ya se tiene.

Los actos del gobierno no toman en cuenta la preocupación de las familias de Sinaloa sobre el alto riesgo de que sucedan actos de violencia en las calles, de que sean despojados de sus vehículos y de que secuestren y asesinen en su comunidad.

El régimen Rocha-Morena ha sido incapaz de reconocer la gravedad de la inseguridad que padece el pueblo sinaloense y, todavía más grave, no asume la responsabilidad que le corresponde para solucionar el problema.

Las posibilidades de construir la paz se reducen cuando el gobierno se dedica a minimizar el problema y a cantar victorias inexistentes.

Un ejemplo de lo infundado de la narrativa oficialista: el 27 de enero de 2025 el gobernador pretendió desacreditar los datos oficiales del INEGI, al aducir que mucha gente había ido al estadio de beisbol, pero un año después sucede la misma cantidad mensual de asesinatos. La asistencia a ver el juego no era ningún indicador serio de mejora. Un ejemplo de la separación con el pueblo: el 29 de enero de 2025, dos días después de sus declaraciones, decenas de aficionados acudieron a las tribunas con carteles pidiendo la renuncia del doctor Rocha Moya.

Las posibilidades de construir paz se reducen cuando el gobierno no asume la responsabilidad que le corresponde. La élite en el poder se ha dedicado a responsabilizar al pasado, aun cuando ya tienen siete años en el poder, ejerce presupuesto y designa funcionarios, además de que el propio gobernador fue parte de los gobiernos del pasado.

El gobierno, para quitarse de encima la responsabilidad de la narcopandemia, la arroja sobre el pueblo. Los culichis, dice, no se dan cuenta de que están dadas las condiciones para desarrollar sus actividades y, además, usan vidrios polarizados en sus carros.

La ley responsabiliza al gobierno de garantizar la paz pública y de prevenir, investigar y perseguir el delito; los ciudadanos les pagan para ello, y en su campaña prometieron que darían seguridad porque sabían cómo hacerlo. Es responsable de pacificar y no lo ha hecho.

Esa separación entre sociedad y gobierno no sólo es de narrativa. Tiene consecuencias prácticas muy importantes. Vivimos en una sociedad donde la élite gobernante usa los recursos públicos en temas diferentes a los que preocupan al pueblo.

Para construir paz y seguridad es imprescindible aplicar la ley a quien comete un delito. Ese es el trabajo del Poder Judicial.

El Poder Judicial de Sonora emitió 21 mil 349 sentencias en 2024; el de San Luis Potosí, 23 mil 468; el de Querétaro, 25 mil 665. Son estados con un poco menos de población que Sinaloa, donde el Poder Judicial emitió sólo 13 mil 88 sentencias. El peor de todos.

En Coahuila ingresaron 80 mil 671 asuntos en 2024 y se determinaron y/o concluyeron 83 mil 448; disminuyeron el rezago que tenían. En Nayarit ingresaron 29 mil 705 asuntos y determinaron y/o concluyeron 34 mil 628; también redujeron el rezago. En Sinaloa iniciaron 44 mil 844 asuntos y determinaron y/o concluyeron sólo 36 mil 381; empeoraron el rezago.

En Sonora fueron vinculados a proceso 26 mil 77 presuntos delincuentes; en Sinaloa, sólo 3 mil 704. En Sinaloa, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es donde se asesina más pero, según el INEGI, es donde se procesa e imputa menos. Es el estado ideal para la impunidad.

En Sonora se denunciaron 6 mil 342 delitos y se aplicaron 2 mil 792 condenas sancionatorias. En Sinaloa, 9 mil 268 delitos y sólo 559 condenas sancionatorias.

Dos razones mantienen al Poder Judicial en la ineficiencia. La primera, la cooptación por el grupo político del doctor Rubén Rocha. Los jueces no toman decisiones en forma autónoma e independiente: tienen consignas desde el poder político.

La segunda, no tienen los recursos suficientes. Para aplicar la ley, el Poder Judicial de Sonora tuvo, en 2024, un trabajador por cada 1 mil 286 habitantes; el de Quintana Roo, uno por cada 1 mil 71; el de la Ciudad de México (CDMX), uno por cada 852. El Poder Judicial de Sinaloa tuvo un trabajador por cada 2 mil 4 habitantes; de las peores cargas de trabajo.

El presupuesto de 2025 para el Poder Judicial de Sonora fue de 622 pesos por habitante; el de CDMX, 849; el de Sinaloa, 356. Para 2026, el Poder Judicial de Sonora tendrá un aumento de 155 millones de pesos; el de Sinaloa, 19 millones. A la élite en el poder no le interesa dar recursos al Poder Judicial para que aplique la justicia.

En plena crisis de inseguridad, donde los delitos han aumentado entre 200 y 500 por ciento, el presupuesto del Poder Judicial aumentará 1.8 por ciento, a lo que si se le descuenta la inflación queda en -1.7, por lo que realmente disminuirá y le alcanzará para menos.

El trabajo del Poder Judicial no se sustituye con los rondines militares. Es distinto y, si no se hace bien, los delincuentes detenidos salen libres pronto.

Dicen a cuántos han detenido, pero ocultan cuántos han sido sentenciados y cuántos fueron liberados por los jueces.

En Sinaloa están, por un lado, los ciudadanos que padecen la inseguridad y, por el otro, la élite que tiene otras prioridades.

Rocha-Morena menosprecia la inseguridad de los ciudadanos, no asume su responsabilidad, no invierte en justicia. Por complicidad o por ineptitud, no cuentan con él.