Elecciones 2027
Ahora en el poder, es una práctica
común del partido oficial,
amparado en la frase del clásico:
“no me vengan con el cuento
de que la ley es la ley”.
Por Miguel Tirad Rasso
El 10 de septiembre inicia, formal y legalmente, el proceso para los comicios del 6 de junio de 2027. A partir de esa fecha comienzan a correr los términos y plazos de las etapas previas a la jornada electoral que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Sobre éstos, vale la pena destacar la fecha de arranque de las precampañas: primera semana de enero del año de la elección, y su duración, no más de 40 días (elección de diputados federales) (Art. 225); el registro de los candidatos de los partidos ante la autoridad electoral, entre el 22 y el 29 de marzo (Art. 237), y la duración de sus campañas, 60 días máximo (Art. 251).
En este proceso se elegirán 500 diputados federales, 17 gubernaturas (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas), de las cuales 12 gobierna el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tres el Partido Acción Nacional (PAN), una Movimiento Ciudadano (MC) y una el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); 1,098 diputaciones locales en 31 entidades; 18,057 cargos en ayuntamientos en 30 estados y 437 en presidencias de juntas municipales, sindicaturas y regidurías (INE).
Participan ocho partidos políticos: Morena, PAN, Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Somos y Partido Paz. Estos dos últimos, de reciente creación, se estrenan y participa cada uno por su cuenta, pues la ley no permite formar alianzas con otros partidos en su primer proceso electoral.
Una jornada electoral grande y compleja, a decir del Instituto Nacional Electoral (INE), con un padrón que supera los 100 millones de electores.
Aunque de acuerdo con la ley las precandidaturas y sus correspondientes campañas deberían iniciar hasta los primeros días de enero de 2027, Morena decidió aplicar, una vez más (en 2021 lo hizo por primera vez), una triquiñuela para dar vuelta a la ley y adelantarse en el proceso de elegir a sus candidatos a los cargos de elección popular varios meses y tomar ventaja sobre los otros partidos contendientes en el proceso.
Con el eufemismo de nombrar como “Coordinadores Estatales de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación” a quienes serán sus precandidatos y, posteriormente, sus candidatos, argumenta que no viola la ley porque no se trata de actos anticipados de campaña, pues los aspirantes, en su autopromoción para ser elegidos como “coordinadores,” no solicitan el voto en sus mítines, giras y eventos masivos.
Sin embargo, no cabe duda que estos eventos se parecen mucho a las campañas pues reparten despensas, hacen promesas, distribuyen volantes y realizan acarreos para mostrar su músculo.
En la elección intermedia del gobierno pasado, en 2021, Morena implementó la estrategia y le funcionó. En los siguientes comicios repitió el esquema, que llegó al climax en la elección presidencial, cuando el de Macuspana decidió destapar a sus corcholatas con tres años de anticipación. Todo, a ciencia y paciencia de unas autoridades electorales complacientes y muy agradecidas con el poder.
Las quejas de la oposición fueron ignoradas y aquello de piso parejo que reclamaban los de Morena cuando eran oposición para que se regularan y sancionaran los actos anticipados de campaña, ya no les preocupa. Ahora en el poder, es una práctica común del partido oficial, amparado en la frase del clásico “A mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”.
Para estos comicios Morena no anduvo con rodeos. Desde marzo pasado, casi un año antes de la fecha legal, en la Vll Sesión Ordinaria de su Consejo Nacional, su dirigente anunció el calendario para los destapes de sus seudocoordinadores, léase precandidatos-candidatos a las gubernaturas y diputaciones federales.
En entrevistas y declaraciones, los mismos morenistas, dirigentes y miembros destacados, se refieren a ellos como los candidatos a los distintos cargos, aunque después corrijan y hablen de coordinadores.
Sólo para las autoridades electorales este eufemismo no es tal, pero el mal ejemplo cunde. Para tratar de emparejar el terreno, otros partidos, como el PAN y el PRI, han recurrido a la misma fórmula para designar a sus futuros candidatos y no esperar a que lleguen los tiempos para hacerlo legalmente, quedando como letra muerta la sanción a los actos anticipados de campaña.
En contraste con anteriores procesos electorales, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), muestran una involución. Lejos quedó la imparcialidad institucional ante los mensajes que conllevan varias de sus resoluciones. Podría decirse que por sus votos los conoceréis.
Tanto en el INE como en el TEPJF las resoluciones a favor de los intereses del gobierno están aseguradas. En ambas instituciones son mayoría los consejeros y magistrados que sólo tienen ojos para la 4T.
Además del rechazo a sancionar a Morena por sus anticipadísimos actos de campaña, hay otras resoluciones que causan sospechosismo por los criterios expuestos, como el caso de las llamadas “boletas planchadas”.
Se proponía que se declararan inválidas las boletas que no presentaran dobleces, ante la presunción de que no entraron a la urna como voto de la ciudadanía.
El INE se opuso a que se declararan inválidas porque, según Guadalupe Taddei, presidente del Instituto, “las facultades de los Consejos Distritales es declarar la validez de la elección y no la de los votos”. De acuerdo a este criterio, una elección puede ser válida aunque los votos que la sustenten resulten inválidos.
Septiembre 9, 2026
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