En Sinaloa, ¿es la Fiscalía parte del narcogobierno?

En 2023, en seis estados, los policías ministeriales recibieron apoyo pericial para investigar delitos cuando lo solicitaron. Ninguna solicitud quedó pendiente. Mientras tanto, en Sinaloa quedaron pendientes 6 mil 300 solicitudes.

En 2024 subió a ocho el número de estados que atendieron todas las solicitudes de apoyo pericial para la investigación de los delitos. En Sinaloa el problema empeoró: quedaron pendientes 18 mil 843 solicitudes. Se triplicó la falla.

En 2025, las solicitudes pendientes en Sinaloa aumentaron a 26 mil 61.

En plena narcopandemia, cuando se necesitaba más y mejor investigación y persecución de los delitos, la Fiscalía trabajó menos y peor. No va rumbo a la meta de cero pendientes, sino hacia más impunidad.

Es información oficial del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). No son datos de la ultra derecha internacional ni de los “gringos” intervencionistas.

En 2024 trabajaban 263 personas en los servicios periciales y médico forense de la Fiscalía. En 2025, estallada la actual crisis de inseguridad y violencia, el número de trabajadores se redujo a 255.

En 2024 había 228 peritos en apoyo a la investigación de los delitos que sucedieron en Sinaloa. En 2025, ya estallada la crisis de inseguridad y violencia, la cantidad se redujo a 217.

Ante la narcopandemia (iniciada en septiembre 2024) que multiplicó los delitos, la Fiscalía decidió reducir el número de trabajadores, sobre todo de peritos que apoyan el trabajo de investigación y persecución de los delincuentes.

La decisión no la tomaron quienes critican el gobierno de Morena. Fue una decisión soberana de quienes dicen que “por el bien de todos, primero los pobres”.

En cuanto al presupuesto destinado a la Dirección de Servicios Periciales, la Fiscalía estatal ha preferido, por tres años consecutivos, no responder al INEGI. Puede suponerse que no es una cantidad que pueda presumirse, sino que le  avergüenza. “… Sinaloa… no contó con datos o elementos para responder.”, consigna el documento oficial.

El INEGI dice que cuando sucede un delito en Sinaloa no se investiga, mayormente, con el apoyo de criminalística de campo ni de balística, medicina, contabilidad, fotografías forenses o identificación fisonómica, entre otras especialidades necesarias para combatir la impunidad.

El presupuesto de la Fiscalía de Baja California en 2026 es de 795 pesos por habitante; en Guanajuato, de 735; en Sonora, de 826; en la Ciudad de México, de 993; en Quintana Roo, de 1 mil 345. El de la Fiscalía de Sinaloa, 397 pesos. Miserable, en comparación con otros estados de México, no con países desarrollados.

El informe de actividades de la Fiscalía reporta que en 2025 conoció que sucedieron 39 mil ocho delitos que los ciudadanos fueron a denunciar. El número de casos resueltos mediante sentencia efectiva fue de 600.

Los hechos y los datos indican que a la élite que detenta el poder político no le importa identificar quién asesinó o robó… ¡y mucho menos capturarlo! No apoya para que se haga justicia a las víctimas.

Es claro que la debilidad de la Fiscalía es planeada: se le quitan recursos humanos cuando más necesitaría aumentarlos para cumplir sus funciones, y se le da menos dinero para trabajar de lo que reciben otras fiscalías con menos casos por resolver.

Puede deducirse sólidamente que el objetivo de tal debilidad es que no pueda atrapar al mayor socio del poder político: el crimen organizado.

Esa es la evidencia que respalda el argumento, con hechos y datos, de que existe un narcogobierno en Sinaloa.

“La Fiscalía General de la República (FGR) señaló diez omisiones, inconsistencias y falsedades en la carpeta de investigación que integró la Fiscalía General del Estado de Sinaloa”, reportó Ríodoce el 20 de agosto de 2024.

Otra nota, del 20 de octubre de 2024, indica: “… el vídeo de la agresión en la gasolinera fue un montaje, por lo que se solicitarán órdenes de aprehensión de personal de la FGE (Fiscalía General del Estado de Sinaloa) involucrado, informó la Fiscalía General de la República”.

La FGR hizo públicos hechos y datos que indican que la Fiscalía estatal es usada para colaborar con quienes cometen delitos.

La Fiscalía encontró una forma para reducir la cantidad de asesinatos perpetrados en Sinaloa: no los cuenta si la víctima es policía. Tampoco si la persona fue muerta en un enfrentamiento, si fue herida y murió posteriormente en el hospital ni sí se encontró el cuerpo en una fosa clandestina de las que se usan para desaparecer a hombres y mujeres.

Además, para no incluir muertes  en la categoría de asesinatos, homicidios dolosos, creó otras dos: una es “muertes por otros”, donde asignó el homicidio de un taxista que quedó en medio de un enfrentamiento en Escuinapa, y otra es “muertes por determinar” (que nunca determina), donde ubicó, por ejemplo, la bolsa con restos humanos aparecida en Lomas de Rodriguera el 26 de diciembre.

La Fiscalía dice que no tiene elementos suficientes para sostener que la muerte del señor que manejaba un taxi y la de quien fue atrozmente desmembrado sean homicidios dolosos. Por lo tanto, no los cuenta cuando informa las cantidades de ese delito.

Son hechos y datos que demuestran que la Fiscalía se ocupa de mentir, que es otra manera de apoyar a los delincuentes.

Las instituciones y los responsables de vigilar el funcionamiento de la Fiscalía no lo han hecho efectivamente.

La Comisión de Justicia del Congreso, el Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Comisión Estatal de Derechos Humanos no han condenado ninguno de los hechos evidentes y escandalosos de falta de probidad de la Fiscalía.

Tampoco han elaborado análisis de las causas de la incapacidad de la Fiscalía para investigar y perseguir el delito, y mucho menos cuentan con un plan para reconstruir y sanear a la institución.

Otras instancias de representación política de los sinaloenses tampoco lo hicieron. Ni la diputación federal, donde estaba Graciela Domínguez, ni el Senado, con Imelda Castro. Escurrieron confrontarse con Rubén Rocha. Interpretaron el organigrama de forma que cuidara sus carreras políticas. Voltearon hacia otro lado durante sus visitas a “territorio”.

El asesinato de más de 3 mil 800 seres humanos no les conminó a romper su mansedumbre ante el poder político.

El poder político que dice amar al pueblo capturó a la Fiscalía y la integró como componente del narcogobierno.