Extraditar o no, esa es la cuestión

TEMAS CENTRALES

Un paquete político

de alta gama,

con gobernador

y senador en funciones.

Por Miguel Tirado Rasso

mitirasso@yahoo.com.mx

Muy a su pesar, Rubén Rocha Moya tuvo que separarse de su cargo como gobernador del estado, aunque lo haya hecho de manera temporal mediante una licencia “mientras dure el proceso de investigación,” dijo en un video difundido el 1 de mayo. Apenas unas horas antes, el ahora ex mandatario habría declarado que no había nada que temer, por lo que no contemplaba retirarse del cargo, a pesar de los señalamientos de los Estados Unidos.

Desde el 28 de abril, el gobierno norteamericano solicitó por la vía diplomática la detención, con fines de extradición, del gobernador Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza, del presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y de siete ex funcionarios más del círculo cercano al mandatario con licencia, bajo la acusación de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a los Estados Unidos y por tráfico de armas. Un paquete político de alta gama, con gobernador y senador en funciones.

Primer paso del gobierno de los Estados Unidos ante la inacción de las autoridades mexicanas que, al estilo de la 4T, no parecen dispuestas a reconocer errores, faltas, desvíos o corrupción en el seno del morenismo. Cualquier denuncia en contra de un funcionario de la 4T, es atajada alegando que sólo busca golpear al “movimiento”.

Esta solicitud no fue la excepción. Tanto Rubén Rocha como el senador Inzunza deslindaron sus responsabilidades con la estrategia de que, en realidad, la acusación no es en su contra, sino que tiene la intención de afectar al movimiento. El exgobernador declaró: “No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco…”, mientras el senador fue aún más atrevido al señalar que se trata de un “ataque e insidia” diseñado para golpear al ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y al movimiento de la 4T. Como si estuvieran libres de culpa.

Pero en esta ocasión el blindaje morenista es delicado e inconveniente. La acusación es por asociación delictuosa con narcotraficantes, entre otros delitos, algo que seguramente el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, tiene bien documentado con el testimonio de muchos de los capos que el gobierno de México envió a territorio norteamericano de manera expedita y sin mayores trámites.

Asumir la defensa de estos personajes envueltos en la bandera de la 4T puede tener un alto costo político para el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien da la impresión de estar más preocupada por cuidar los intereses del movimiento de la 4T y de algunos de sus impresentables militantes que por los de la Nación que le corresponde gobernar.

No gustó nada la petición de los Estados Unidos. La primera reacción de Palacio Nacional fue calificarla de injerencista. Se declaró que la solicitud carecía de pruebas contundentes que la justificaran; que se había violado el principio de confidencialidad al hacer pública la acusación; que la motivación era más política que jurídica, y por supuesto se recurrió al alegato de la defensa de la soberanía, tema preferido para rechazar todo lo que cualquier gobierno extranjero u organismo internacional comente sobre lo que sucede en el país.

Difícilmente podría considerar injerencista una solicitud diplomática para la detención con fines de extradición de un ex gobernador opaco, cuya relación y complicidad con el cártel de Sinaloa es inocultable.

El tratado de extradición, establece un plazo de 60 días para que quien la solicita aporte las pruebas que justifiquen la petición. Con la presentación de la solicitud no se exige aportar “pruebas contundentes”, las cuales se exhibirán ante el juez correspondiente. Tampoco existe un compromiso de confidencialidad en esta etapa.

Y por lo que toca a la motivación política, pudiera ser, pero es claro que para iniciar este procedimiento deben existir delitos y presuntos culpables, y en eso se funda la solicitud de extradición.

Finalmente, la soberanía mexicana no se vulnera por una solicitud de extradición que se atiene a un procedimiento diplomático establecido en un tratado acordado voluntariamente por ambos países.

Mucho se ha comentado cuáles son las alternativas de la presidenta Sheinbaum para salir del embrollo. Ninguna es sencilla y todas tienen consecuencias políticas internas o externas. Desde hace un buen rato, Rubén Rocha Moya es una carga para Morena. Su triunfo electoral estuvo plagado de irregularidades e injerencia del cártel de Sinaloa, que “se portaron bien”, como diría el clásico. Su entrega a los Estados Unidos sería bien vista por nuestro vecino y hasta conveniente en estos tiempos de negociación del T-MEC. Para los duros de Morena sería inaceptable, con amenaza de fractura interna.

Negar la extradición y exonerarlo de todo delito dejaría satisfechos a los de la 4T, aunque no a gran parte del pueblo bueno y sabio que vería un retroceso en la guerra contra las drogas y una señal de impunidad y protección a los personajes de Morena.

Los Estados Unidos y su presidente Donald Trump lo verían como un acto inamistoso, de falta de colaboración y de cooperación en el combate a las drogas. El calificativo de narcogobierno no se lo quitarían y las pláticas del T-MEC tomarían un rumbo incierto.

Juzgarlo en México pudiera no gustar mucho a los Estados Unidos, pero seguramente no lo verían mal, siempre y cuando se trate de un juicio formal, justo y serio.

Mayo 6, 2026