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Ineficaces ante la inseguridad, pero astutos para la corrupción



Por Omar Garfias

@Omargarfias

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El 88.7 por ciento de los habitantes de CuliacÔn tiene miedo, se siente inseguro de vivir ahí. En MazatlÔn, 80.4 por ciento. Es información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En diciembre de 2021, al inicio del gobierno de Rubén Rocha, la percepción de inseguridad era de 56 por ciento en CuliacÔn y de 46 por ciento en MazatlÔn. Se deterioraron 32 y 34 puntos porcentuales, respectivamente.

SegĆŗn información oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad PĆŗblica, la tasa de personas asesinadas por cada 100 mil habitantes al empezar el actual gobierno —2021— fue de 36 en CuliacĆ”n y nueve en MazatlĆ”n. A cuatro aƱos de la administración morenista, el problema en la capital del estado subió a 91 y en la ciudad porteƱa a 21. Empeoraron.

La tasa de robo de vehículos por cada 100 mil habitantes en 2021 fue de 207 en CuliacÔn y 120 en MazatlÔn. Tras cuatro años de gobierno del Doctor Rocha, en la capital del estado subió a 380 y en la urbe porteña a 206.

La organización de la sociedad civil Iniciativa Sinaloa revisó la información de mil 100 obras, en las cuales el Gobierno del estado manejó un presupuesto de 7 mil 56 millones. Entre las irregularidades encontradas estĆ” la alta concentración del gasto en beneficio de 14 empresas y de 11 grupos empresariales, que acapararon 57 por ciento del monto analizado, asĆ­ como la prĆ”ctica de la ā€œcompetencia colmenaā€, un esquema donde empresas relacionadas simulan competir en licitaciones pĆŗblicas para aparentar un proceso transparente.

Para aplicar la justicia sobre los delitos que registran aumentos de 200 y 300 por ciento, el Poder Judicial recibió un aumento de 19 millones de pesos que, descontada la inflación, significa una disminución de 1.7 por ciento respecto de su presupuesto en 2025. En cambio, para obra pública el Gobierno del estado hizo el esfuerzo mayor que pudo realizar: pedir prestado.  Se endeudó con 2 mil 300 millones en 2025 y con otros 2 mil 300 millones para 2026.

El gobierno decidió adquirir créditos sin saber para qué, sin definir qué va a construir.

En 2025, la tasa de robos a negocios por cada 100 mil habitantes en Sinaloa fue de 70; en Chiapas, de dos.

Hay funcionarios que forman parte del gobierno que contrata y también de las empresas contratadas. Antelmo Enrique Ríos Núñez, zubsecretario de Obras Públicas, ha estado vinculado como socio o representante de empresas como Sokian P+I y Construcciones M. R. M., que obtuvieron contratos millonarios en la presente administración. Es un conflicto de interés documentado.

En 2025, la tasa de homicidios dolosos y feminicidios por cada 100 mil habitantes en Sinaloa fue de 45; en YucatƔn, de dos.

Al analizar el préstamo solicitado en 2025 por el Gobierno estatal, Iniciativa Sinaloa encontró que tres bloques de contratistas concentran mÔs de 850 millones de pesos mediante contratos tramposamente fragmentados y de los cuales ocultan documentos clave. No cumplen la obligación legal de hacerlos públicos.

En 2025, la tasa de robo de vehƭculo por cada 100 mil habitantes en Sinaloa fue de 199; en YucatƔn, de tres.

El Gobierno del estado no cumple la ley; no hace públicos los documentos que permiten detectar riesgos de corrupción, como los catÔlogos de conceptos, las bitÔcoras o la modificación de convenios. Los procesos de licitación pública registraron un cumplimiento promedio de apenas 49 por ciento, mientras las adjudicaciones directas sólo 39.

En 2025, la tasa de secuestro por cada 100 mil habitantes en Sinaloa fue de 0.35; en Aguascalientes, Coahuila, Durango, QuerƩtaro, Quintana Roo y YucatƔn, fue de cero.

Se identificaron 57 obras sin un contrato visible en el sistema oficial CompraNet Sinaloa. De ellas, en 15 casos no existe documento alguno que permita conocer el monto asignado ni la empresa ganadora. Son proyectos importantes, como la construcción del margen izquierdo del malecón de CuliacÔn.

El Gobierno del estado no estĆ” en manos de un grupo de personas que impulsa un modelo de desarrollo de Sinaloa. No es un grupo polĆ­tico que, acertado o no, tiene un proyecto de sociedad, un conjunto de ideas que quiere llevar a cabo. El poder polĆ­tico en Sinaloa lo tiene un grupo concentrado en extraer las mayores riquezas o provechos personales posibles.

El parÔmetro de eficacia reside en si les reditúa negocios, recursos públicos, controlar la inconformidad y conservar y ampliar el poder.

Algunos ejemplos de su desapego de la eficiencia:

Prometieron aumentar 5.1 puntos porcentuales la cobertura de educación secundaria y, a cuatro años, ha disminuido en una décima; prometieron 90 mil empleos formales, llevan 7 mil 486.

Por no ejercer completo el presupuesto para prevenir el dengue en 2024, los enfermos subieron de 240 a 4 mil 927 y las muertes, de tres a 34, segĆŗn dictamen oficial de la AuditorĆ­a Superior del Estado.

Respecto a los ayuntamientos, hace cuatro años 38 por ciento de los ciudadanos de CuliacÔn consideraba efectivo al gobierno de su ciudad para resolver los problemas que enfrenta; ahora, sólo 27. En MazatlÔn, pasó de 26.7 a 20.1, informa el INEGI.

No tienen logros de Gobierno. Nada qué presumir. El Plan Estatal de Desarrollo tiene inscritas metas muy sencillas y, aún así, estÔn lejos de conseguir la mayoría. Todo el trabajo de gobierno es secundario, postergable.

Coinciden con el obradorismo en su ambición de ser hegemónicos y autoritarios, pero con un fin utilitario, no ideológico, como antes confluyeron con Aguilar Padilla y Quirino Ordaz.

Su prioridad les llevó a hacer pactos desde la campaña, alianzas que hoy les limitan para resolver el problema de la seguridad pública.

En medio de esta terrible realidad de robos, asesinatos y desapariciones, donde la violencia ha tomado las calles a todas horas del dĆ­a, siguen dedicados a su prioridad: hacer dinero desde el poder polĆ­tico.

El pueblo con miedo… Ellos, con riquezas.

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