Ineficacia del gobierno en seguridad

Por Omar Garfias

@Omargarfias

En junio de 2024, antes de estallar la narcopandemia, 34.3 por ciento de los habitantes de Mazatlán se sentía inseguro en la ciudad. Dos años después, el miedo ya alcanzó al 78.4 por ciento.

No estaban bien hace dos años. Vivían de una forma muy diferente a la de los habitantes de municipios más seguros, como los de Piedras Negras, Coahuila, donde sólo 14.3 por ciento se sentía inseguro.

Los responsables de evitar que el crimen organizado y cualquier delincuente asesine, robe y rompa la ley son los ayuntamientos y el Gobierno del estado. Para eso tienen policías. A ellos se suman el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y los “Harfuch”, a quienes se les han dado facultades en la seguridad pública y la investigación. Todos cobran para prevenir el delito.

Los responsables de investigar y perseguir los delitos son las fiscalías. El responsable de enjuiciar a los presuntos delincuentes y definir los castigos es el Poder Judicial. Todos cobran para que no exista impunidad.

Ni Claudia Sheinbaum, ni Rubén Rocha, ni Omar García Harfuch, ni los generales del Ejército, ni los alcaldes, nadie ha hecho algo suficiente y eficaz para que la población se sienta segura.

En junio de 2024 hubo 47 asesinatos. Dos años después fueron 159. No es un problema de percepción disociada de la realidad. En la vida diaria no solamente suceden más hechos delictivos que antes, sino que la población los ve impunes y sabe que es posible que sucedan en los lugares que frecuenta y en los horarios en que habita la ciudad. No son esquizofrénicos que habitan un paraíso y se perciben en el infierno.

La nueva estrategia de seguridad pública de la presidenta tampoco ha revertido la inseguridad de Culiacán y Mazatlán.

En diciembre de 2024, Claudia Sheinbaum designó a García Harfuch, textualmente: “para coordinar de mejor manera la estrategia de seguridad”. Lo nombró el jefe.

En ese diciembre, la población con miedo en Culiacán era el 90.6 por ciento y en Mazatlán, el 67.7 por ciento. Tras 19 meses de aplicación de la “nueva estrategia de seguridad” bajo la coordinación directa del secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal no ha habido mejoría alguna en la capital sinaloense, y en el puerto empeoró más de 10 puntos.

En ese lapso, en ningún mes ha vuelto suceder el número de asesinatos previo a la narcopandemia. El más bajo ha sido de 121 y el más alto de 241. No ha habido una tendencia decreciente sostenida. En marzo de 2026 Sheinbaum festejó el número de 121, pero en abril subió a 132 y en mayo aumentó a 164.

La Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del segundo trimestre arroja datos muy reveladores sobre la experiencia y la evaluación del pueblo de Sinaloa sobre el gobierno.

En Ciudad Del Carmen, Campeche, 63.4 por ciento de la población considera que el gobierno de su ciudad es efectivo para resolver sus problemas. En Culiacán, sólo el 22.7, y en Mazatlán, apenas el 14.7 por ciento.

Más interesante es el caso de Los Mochis. Ahí, 31.2 por ciento de las personas se sienten inseguras, aunque menos que en Culiacán y Mazatlán. El porcentaje de quienes consideran efectivo a su gobierno –18 por ciento–, es tan bajo como los de las otras ciudades de Sinaloa.

No es descabellada la hipótesis de que la población de Los Mochis no adjudica su seguridad a la efectividad de su gobierno, al que califica muy mal, sino al control del territorio por solamente un grupo del crimen organizado. Es la gobernanza criminal la que no ha permitido que se extienda el conflicto hacia allá, no la acción del gobierno.

Las proporciones de ciudadanos que consideraban efectivos a los gobiernos de su ciudad antes de entrar Morena a gobernar sus municipios no eran altos. Sin embargo, en Los Mochis eran 7.9 puntos porcentuales más que ahora. En Culiacán, 3.3 y, en Mazatlán, 15.9 puntos. Menos gente evalúa bien a los ayuntamientos morenistas comparados con los de antes.

Quitar los polarizados, detenerse ante las decenas de retenes, que llegaran miles de tropas, etc. Lo que se ha hecho no ha sido suficiente para que dejen de suceder delitos cerca de los sinaloenses y se sientan seguros.

Es momento de subrayar lo que no se ha hecho en SInaloa.

No se ha roto el pacto del crimen organizado con los ayuntamientos y el Gobierno del estado. Ningún funcionario público vinculado con la delincuencia ha sido destituido y, mucho menos, detenido. En dos años, parece que la inteligencia del secretario Harfuch y de la Sedena sólo encontraron ángeles y querubines y que la operación de los cárteles en Sinaloa ha sido totalmente independiente de autoridad alguna.

El pacto criminal está intacto. Las estructuras de financiamiento criminal siguen dando recursos para las costosas y prolongadas precampañas de Morena. Con ello consolidan los compromisos de impunidad y corrupción del próximo gobierno.

El pacto criminal sigue intocable. Las compras y la construcción de obra pública son fuente de riqueza personal y soporte económico de las operaciones del crimen organizado.

No se han fortalecido las instituciones locales de seguridad y justicia. Las policías siguen siendo las que menos recursos humanos, equipamiento, capacitación y certificación tienen en el país.

Las fiscalías y el Poder Judicial estatales continúan funcionando con los presupuestos más bajos. Los sistemas de prevención social contra el reclutamiento se mantienen con eventos aislados, con una oferta de apoyo risible y sin concentrarse en los niños y jóvenes con vulnerabilidades.

A los responsables de prevenir y perseguir al crimen organizado se les ve ocupados en las campañas anticipadas por la Gubernatura. La seguridad de los sinaloenses, como dijera el general Leana, depende de que los grupos criminales decidan no confrontarse.

La continuidad de la política significa más miedo, más robo de vehículos, más desaparecidos y más asesinatos.

No se hace lo que debe hacerse.