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Agua para Todos
Por Juan Carlos Valencia Vargas
Facebook: JuanCarlosValencia AGUA
El pasado lunes 23 de mayo de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia Constitucional 56/2020; de esta forma, el Congreso de la Unión recibió la orden judicial para expedir la Ley General de Aguas en el próximo periodo ordinario de sesiones.
Un pequeño municipio, de apenas cinco mil habitantes, el de Cusihuiriachi, Chihuahua, interpuso y ganó la controversia constitucional 56/2020 en contra de actos y omisiones de diversas autoridades federales, en lo que respecta a la omisión a cargo del Congreso de la Unión de expedir una Ley General de Aguas, obligación que se le impuso por el artículo Tercero transitorio del Decreto de reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012.
Ese día se reformó el artículo 4° Constitucional para incluir el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en su párrafo sexto: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”, dice desde entonces la Constitución.
En aquella ocasión también se estableció en el artículo 3° transitorio, que en un plazo de 360 días se expediría una Ley General de Aguas, pero, al día de hoy, han transcurrido más de 10 años y aún no se ha cumplido esa obligación, a pesar de que ha habido varios intentos: primero, la llamada Ley Korenfeld, en 2015; luego, la iniciativa que impulsó el diputado Ignacio Pichardo, en 2018; posteriormente, la propuesta por el diputado Feliciano Flores, en 2021, y la que ahora está gestionando el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, el diputado por Morena Rubén Muñoz.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada por sus 11 ministras y ministros, ordena al Congreso de la Unión expedir la Ley General de Aguas en su próximo periodo ordinario de sesiones. Por ello, en la Cámara de Diputados se instaló el viernes pasado el Grupo de Trabajo para analizar la expedición de la Nueva Ley General de Aguas. Los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, indicaron que se trabajará a marchas forzadas para concluir el diagnóstico que están haciendo para determinar qué elementos debe tener la nueva legislación, además de presentar propuestas que resuelvan los graves problemas en materia de cobertura, calidad, fiscalización, revisión de las concesiones de agua y operación de los organismos municipales.
Qué importante lección nos ha dado este pequeño municipio de Chihuahua, que en una lucha contra un gigante lo pone contra las cuerdas porque tiene la ley de su lado... ¡Y qué vergüenza debería dar a los diputados no haber sido capaces de cumplir con un mandato constitucional en mas de 10 años! Solo nos queda esperar que esta sentencia no ocasione una legislación al vapor que resulte contraproducente, porque ya ha habido muchos intentos y no se ha llegado a acuerdos porque hay muchas presiones de diversos grupos. Ojalá que no por las prisas cedan a publicar cualquier cosa sin tomar en cuenta las implicaciones y los riesgos.
Y ojalá que se concentren en legislar el 4º constitucional y no busquen incluir la Ley Reglamentaria del Artículo 27... México no necesita más turbulencia en el ya de por sí difícil esquema de gestión de las aguas nacionales.