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Por Omar Garfias
@Omargarfias
En un año, en Sinaloa perdimos competitividad y caímos tres posiciones en la clasificación. Nos rebasaron Sonora, Chihuahua y Baja California.
En el índice estatal del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) de 2022, ocupamos el lugar 8, y en el de 2023 descendimos a la posición once.
El segundo informe del gobierno estatal no reporta los resultados completos del IMCO, sólo el de un subíndice donde nos mantuvimos igual, sin mencionar los cinco donde perdimos posiciones ni la suma total negativa.
La productividad laboral es determinada por la capacitación y la tecnología con que laboran las personas.
Al inicio de esta administración pública en Sinaloa se producía un promedio de 206 pesos por hora trabajada; al final de 2022 bajó a 201 pesos, y en junio de este año estamos en apenas 190 pesos.
Faltan educación, capacitación e innovación tecnológica.
El censo económico más reciente del INEGI indica que en nuestro estado existen 137 mil micro, pequeñas y medianas empresas.
En dos años, el gobierno del estado ha apoyado a sólo 3 mil 530 de ellas con microcréditos. El 3 por ciento.
Son menos que las 5 mil 951 apoyadas en el mismo lapso del gobierno anterior.
La diferencia es que en 2018 existía el Instituto Nacional del Emprendedor, del gobierno federal, que mezclaba recursos con los gobiernos locales.
Si en ese instituto había corrupción, debió encarcelarse a los delincuentes en lugar de desaparecerlo y, con él a los programas para las mypimes, de por sí escasos.
El crédito es el mecanismo exitoso probado en la historia económica para potenciar las capacidades de las empresas. Existen centenares de fórmulas y de buenas prácticas de garantías, apalancamiento, tipos de préstamo, asociación, ahorro y un largo etcétera que permitiría respaldar las iniciativas de los sinaloenses.
Hoy, 96 por ciento de las empresas sinaloenses están excluidas de los créditos y financiamientos. El gobierno, ausente.
En cuanto a la actividad industrial, también vamos hacia atrás.
De acuerdo a la información del INEGI, tuvimos crecimiento negativo entre julio de 2022 y julio de 2023. Decrecimos 4.1 por ciento para ocupar el lugar 30.
Perdimos 19 por ciento de la actividad minera, con respecto a hace un año.
La actividad de construcción es 9 por ciento menor. El mayor descenso del país. Peor que Oaxaca, Guerrero y Chiapas.
La actividad manufacturera bajó 3 por ciento.
Estamos 12.4 por ciento debajo de la actividad industrial que teníamos en noviembre de 2018, cuando inició este gobierno federal.
El segundo informe no se hace cargo del problema en que estamos. Enumera eventos y autoelogios.
Los datos oficiales muestran que no hay política industrial, sino una serie de acciones pequeñas, insuficientes, desconectadas, improvisadas, inerciales. No hay rumbo, diagnóstico ni plan.
Estamos en problemas.
Según la Secretaría de Economía del gobierno federal, la inversión extranjera directa registrada de enero a junio de este año es de un monto que nos ubica en el lugar 23 del país. De regular para abajo.
La distancia entre Jalisco y la frontera de los Estados Unidos es de 2 mil 243 kilómetros, mientras que la de Sinaloa con esa frontera es de 1 mil 416.
Sinaloa no tiene un plan para aprovechar el nearshoring.
En Jalisco, gobierno y empresarios anunciaron, hace un año, la política pública que llamaron Jalisco Tech Hub Act.
Reorganizaron el presupuesto local para que el plan cuente con 2 mil 300 millones de pesos para su ejecución.
Dedican 1 mil 284 millones para infraestructura de educación de bachillerato y universidades; 518 millones para adquirir terrenos para la construcción de plantas industriales; 398 millones para desarrollo de talento local, y 118 millones para incentivar el encadenamiento productivo de esas grandes empresas extranjeras con los negocios jaliscienses, entre otros rubros.
Además, modificarán siete leyes estatales para dar garantía jurídica a los inversionistas y a las acciones gubernamentales.
Establecieron también mesas de trabajo entre empresarios y autoridades, y juntos visitando a marcas globales para proponerles su relocalización en ese estado.
En síntesis, Jalisco tiene un plan escrito, consensuado, financiado y en ejecución para aprovechar el nearshoring.
De enero a junio están registrados 192 millones de dólares de inversión extranjera directa para Sinaloa y 1 mil 390 millones para Jalisco.
Hay diferencia entre tener y no tener un plan de promoción de inversiones.
En el segundo informe se dice que “Las políticas públicas en economía se enfocan principalmente en atracción de inversiones y un crecimiento económico equilibrado entre regiones, el fomento al empleo formal e incluyente, así como el impulso al desarrollo comercial y competitivo de las Mypimes y los emprendedores.”
En septiembre de 2022, carecían de empleo 287 mil sinaloenses, a pesar de buscarlo o de estar disponibles, y 655 mil laboraban en la informalidad. Luego entonces, se requerían 942 mil empleos formales, de esos en los que se enfoca, dice el gobierno estatal, su política pública.
En los doce meses siguientes solo se crearon 12 mil 160 empleos formales, según el IMSS.
Al mismo tiempo, 30 mil sinaloenses decidieron sumarse a trabajar en la informalidad, según el INEGI, que apunta qué hay 24 mil personas más que laboran en micronegocios sin establecimiento, o sea, en la calle.
La economía de Sinaloa no es capaz de ofrecer empleo con prestaciones y seguridad social, empleo digno, a los sinaloenses.
Faltan estrategias de competitividad.
Faltan programas de productividad.
Faltan acciones de apoyo a las microempresas.
Falta impulso a la actividad industrial.
Falta un plan para el nearshoring.
Falta Política Económica.
Falta sentido social.