Política y crimen organizado: elementos para un Plan Sinaloa

Por Omar Garfias

@Omargarfias

En Sinaloa no se vive en una sociedad pacífica, incluyente, de economía próspera, ambientalmente sostenible. Un Plan Sinaloa debe servir para convertirse en el estado que hoy no es.

Déjeme hacer unas preguntas.

¿Qué partido no tiene miembros con vínculos con el crimen organizado?, ¿Qué partido ha condenado contundentemente al narco? ¿Qué partido ha proclamado su determinación de gobernar sin el apoyo de la delincuencia? ¿Qué partido ha expulsado a algún miembro por tener relaciones oscuras?

Son preguntas, que conste.

Uno.- Lo pregunto porque el primer punto de un plan de reconstrucción de Sinaloa es desmantelar la estructura de contubernio entre gobierno y crimen organizado.

“Sin los narcos no se puede gobernar Sinaloa”, decía un político cínico. Pintaba su decisión de aceptar dinero del crimen organizado como un “sacrificio realista” para obtener gobernabilidad. Lo que en realidad hizo fue entregar la paz y la seguridad pública a cambio de acumular riqueza personal.

Esta crisis ha demostrado que es “con los narcos” con quienes no se puede gobernar Sinaloa. Al comprar a las autoridades y capturar las instituciones, el crimen organizado se toma el derecho de asesinar, robar y desaparecer en todo lugar y a toda hora. También, de ejercer el presupuesto público.

Con inseguridad ciudadana y con los recursos públicos manejados como botín, no puede haber un gobierno eficaz. Ninguna sociedad prospera así. La alianza gobierno-delincuencia deteriora, no pacifica. Sinaloa es la evidencia de ello.

Dos.- El segundo componente de un Plan Sinaloa debe ser la refundación de las instituciones locales de seguridad pública y de justicia. Conformar nuevas policías, Fiscalía y Poder Judicial. Incorporar la participación social. Recuperar lo salvable, pero, sobre todo, refundar.

Crear instituciones de seguridad pública y de justicia capaces de prevenir, investigar y perseguir el delito, con una cantidad adecuada de policías y agentes del Ministerio Público, no cooptados por el crimen organizado, capacitados y equipados al más alto nivel, con salarios profesionales, apoyo de servicios de peritaje y con autonomía respecto a cualquier otro poder.

Sinaloa necesita un policía por cada 500 habitantes, no por cada dos mil como ahora; el ciento por ciento con certificado único policial, no 61 por ciento como hoy; el ciento por ciento con evaluaciones de confianza aprobadas y vigentes, no 48 por ciento como ahora;  sueldos como los del programa “Legado”, de Jalisco, con un plan de construcción de la infraestructura necesaria y un presupuesto para la institución de seguridad pública estatal de mil 500 pesos por habitante, no de 432 como ahora.

Una Fiscalía con presupuesto de mil pesos por habitante, no de 282 como ahora. Tal cantidad objetivo se define en razón del parámetro de deber estar al nivel de las fiscalías con mejor presupuesto del país (Quintana Roo); de la mayor carga de trabajo, 85 mil carpetas pendientes, y de ser el estado con el más alto incremento de delitos totales, según la información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sinaloa necesita un Poder Judicial con presupuesto de mil 300 pesos por habitante, y no de 268 como ahora. En razón del parámetro de deber estar al nivel de los poderes judiciales con mejor presupuesto del país (Ciudad de México); de que actualmente en Sinaloa se procesa sólo el 12 por ciento de la cantidad de presuntos delincuentes que se procesa en otras entidades, y de ser el estado con el mayor incremento de delitos totales.

Sinaloa requiere de un organismo autónomo que trabaje con la población más vulnerable para evitar que se una al crimen organizado; que desarrolle un trabajo sistemático y científico que rompa las estructuras que atan a los jóvenes con la delincuencia.

Sinaloa necesita una supervisión externa de especialistas que audite procesos, aplicación de presupuestos, impactos y resultados, y un observatorio ciudadano que monitoree y evalúe, con una mesa quincenal de trabajo con las más altas autoridades, que incida en la política de seguridad y de justicia.

Sinaloa debe llevar a cabo una gran deliberación pública sobre la narcocultura, el respeto a la legalidad y los valores necesarios para una convivencia armónica, y una colaboración efectiva para solucionar los problemas comunes.

El 3 de diciembre de 2024 la presidenta envió a Sinaloa al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a “coordinar la estrategia de seguridad”. Han llegado decenas de miles de elementos de las fuerzas federales.

En noviembre de 2024, el mes previo a la llegada de García Harfuch, robaron 574 vehículos en el estado. A 11 meses de coordinar y aplicar su estrategia, en ocubre pasado se robaron 578.

En el mes previo a la llegada de García Harfuch asesinaron a 176 personas. Luego de 11 meses de coordinar y aplicar su estrategia, asesinaron a 174 sinaloenses en octubre.

La estrategia centralista no ha pacificado Sinaloa.

En ese periodo, bajo la actual estrategia de seguridad se registraron los peores registros mensuales de la narcopandemia: 241 homicidios dolosos y 678 robos de vehículos.

Dicen haber detenido a 1 mil 884 presuntos delincuentes, pero no informan cuántos han sido sentenciados; al parecer, ninguno ha dado información de quiénes son sus cómplices dentro de las instituciones de seguridad y de justicia, porque no se ha hecho detención alguna.

Es evidente que la estrategia debe cambiar, porque fracasó.

Los elementos que se apuntan para un plan Sinaloa se fincan en otra estrategia que señala dos componentes que no son nuevos y han sido parte de las prácticas exitosas en otros estados: el desmantelamiento del contubernio entre gobierno y crimen organizado y el fortalecimiento de las instituciones locales.

Sin ellos, Sinaloa va a seguir viviendo entre culiacanazos, narcopandemia y Pax narca, nunca en paz y prosperidad.

¿Quiere el gobierno desmantelar la captura de las instituciones de seguridad y de justicia? ¿Hay una depuración en los ayuntamientos de los funcionarios vinculados con el crimen organizado? ¿Gobierno y diputados están dispuestos a fortalecer a las policías, a la Fiscalía y al Poder Judicial, como lo necesitan? ¿Hay una exigencia ciudadana que les obligue a comportarse diferente? ¿Temen a un posible castigo electoral, a un voto de castigo?