¿Puede Morena romper con el narco?

© Riodoce

Por Omar Garfias

@Omargarfias

El crimen organizado necesita controlar territorios y para ello es imprescindible capturar el gobierno y el sistema de seguridad y justicia.

Ya quedó atrás la etapa artesanal donde se trataba sólo de vender mariguana y cocaína en algunas ciudades del país y pasarla a los Estados Unidos.

Los cárteles ya no dependen sólo del narcotráfico tradicional. Se han expandido hacia el narcotráfico global, huachicol, extorsión, drogas químicas de diseño, trata de personas, tráfico de inmigrantes, venta forzada de mercancías y un largo y variado etcétera. El nuevo modelo de negocios no es de rutas escondidas en la noche. Requiere de la gobernanza criminal del territorio.

El crimen organizado ha entrado a una etapa industrial. Es un sistema enorme y complejo de mecanismos. Ya no es más un emprendimiento de un jefe con un grupo de secuaces.

El negocio del crimen organizado en México ha crecido hasta alcanzar un impacto económico de 4.5 billones de pesos, lo que equivale al 18 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, según estimaciones del Instituto para la Economía y la Paz.

Esto es más de cuatro veces superior a toda la agricultura, ganadería, pesca y aprovechamiento forestal, que representan sólo el 3.8 por ciento del PIB.

Quedó atrás la etapa donde, por ejemplo, el capo mismo se ocupaba de las operaciones. Ahora el narco es el quinto empleador de México, con entre 160 mil y 185 mil personas. Supera a Walmart, Pemex y Oxxo, según un estudio del Complexity Science Hub de Viena, publicado en la revista Science, en septiembre de 2023.

Ya quedó atrás la etapa artesanal donde había códigos de coexistencia entre grupos, sobornos solamente de niveles operativos de vigilancia policiaca y era intrascendente el comportamiento de la población.

La industria del crimen organizado implica una competencia permanente entre quienes aspiran a acceder a las enormes ganancias. Una competencia necesariamente violenta porque las diferencias no se dirimen en los tribunales y las conquistas de mercado no son por buenas estrategias de mercadotecnia. No hay convivencia pacífica, sino alianzas provisionales y lucha encarnizada por territorios.

La industria del crimen organizado tiene como factor clave de éxito que la policía le ayude en la lucha contra sus competidores y en la ejecución de los delitos; las fiscalías y el Poder Judicial garanticen la impunidad; las cárceles provean una plataforma operativa; las tesorerías gubernamentales sean fuentes de ingresos y parte del mecanismo de lavado de dinero; los puestos públicos les laven la imagen.

La industria del crimen organizado necesita comportamientos específicos de la población: que acepte la extorsión, el robo y el abuso; que no denuncie; que vote como se le indique, que sea parte del capital electoral de la mafia.

Por eso la violencia también se dirige al conjunto de la ciudadanía. Por eso matan frente a todos. Es la pedagogía que enseña a los ciudadanos que deben portarse como ellos quieren.

La industria del crimen organizado tiene altos costos de operación. Sostiene numerosos ejércitos que deben crecer incesantemente su fuerza, para ser más que los adversarios. Sufragar esos costos necesita abrir permanentemente nuevos mercados ilícitos. Nunca puede reposar.

No hay vuelta a un crimen organizado con los códigos de antes y que no necesite el poder político ni el control del territorio. El grupo delictivo que renuncie a ser gobierno cede esa importante herramienta a sus adversarios. La gobernanza criminal es consustancial a la etapa industrial del narco.

Morena encontró al crimen organizado muy presente en el gobierno de Sinaloa, con un trato fluido, con complicidades y tolerancias vigentes.

Decidió no competir contra ese poder, sino integrarse aún más con él.

Todos los candidatos de Morena en 2021 y en 2024 consintieron, por lo menos, el apoyo electoral del crimen organizado. Ninguno lo rechazó.

El doctor Rubén Rocha Moya, por ejemplo, no impulsó la investigación de los secuestros de priistas la noche anterior a su elección. Un gobernador independiente del narco tendría que haber procurado el castigo del hecho político más importante del estado donde iniciaba su administración.

No hizo nada, no fue independiente, lo dejó impune.

Durante los años de gobierno morenista ha sucedido más intensamente la incorporación de personeros del crimen organizado en puestos de los gobiernos estatal y municipales, así como en regidurías y candidaturas.

Se debilitaron las instituciones locales de seguridad pública para que no sean capaces de prevenir, perseguir y castigar los delitos del crimen organizado, y se ha permitido su cooptación.

En Escuinapa los policías municipales tienen que hacer paros para que les paguen su sueldo.

El presupuesto de la Fiscalía de Baja California en 2026 es de 795 pesos por cada habitante; el de la de Guanajuato, 735; Sonora, 826; Ciudad de México, 993; Quintana Roo, 1 mil 345. El de la Fiscalía de Sinaloa, 397 pesos.

Morena y el crimen organizado son hermanos siameses en Sinaloa. Comparten órganos y fuentes de vida.

Las prolongadas y costosas campañas anticipadas y el mantenimiento de los ejércitos violentos se alimentan tanto del dinero de la corrupción en los contratos de adquisiciones y obras públicas del gobierno, como de los ingresos de la economía ilegal.

Han integrado equipos que operan unidos la extracción y la administración de ese dinero. Hay un cuerpo común de técnicos y operadores. Esa burocracia tiene un poder dentro de las estructuras de gobierno y del narco y quiere seguir existiendo.

La historia de complicidad ya involucra a mucha gente con peso político, económico y social que se beneficia del mecanismo narco-gobierno y presiona para mantenerlo.

El dominio violento de muchas poblaciones y municipios controla cantidades suficientes de votos y capacidad de amenaza a opositores. Mantener el poder político y criminal requiere de esos votos y de esa contención a la disidencia.

Dentro de Morena no hay políticos que propongan romper el pacto criminal. No hay siquiera quien se atreva a llamar las cosas por su nombre.

Morena tiene todos los incentivos para seguir siendo un narcopartido. El mayor de ellos: mantener el poder.

Morena no cree que el pueblo sinaloense los castigue electoralmente por ser un narco gobierno.

Por eso la presidenta no entregó a Rocha Moya.