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Sacuden nuevamente los Estados Unidos la política climática gobal
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Por Miguel Ángel de Alba
@migueldealba
El 12 de febrero de 2026, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) aprobó una norma que revoca su propia “conclusión de peligro”, el dictamen científico que desde 2009 reconocía que los gases de efecto invernadero amenazan la salud pública y obligaban al gobierno federal a regularlos bajo la Ley de Aire Limpio. Asimismo, derogó los límites de emisiones para vehículos ligeros, medianos y pesados.
La decisión desmonta el andamiaje jurídico que sostuvo durante 16 años la política climática federal en los Estados Unidos, uno de los mayores emisores del planeta.
La conclusión de peligro —respaldada por evidencia de las academias nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los EEUU y la comunidad científica— activaba la obligación legal de regular contaminantes que dañan la salud. Sin ese dictamen, la EPA ya no está forzada a limitar emisiones provenientes de autos, centrales eléctricas o industrias.
El impacto trasciende lo normativo. Sin regulación federal, se anticipa un aumento de costos para los hogares y empresas: alimentos más caros por sequías y fenómenos extremos; primas de seguros a la alza por desastres más frecuentes; facturas energéticas mayores y presión adicional sobre los sistemas de salud por olas de calor y mala calidad del aire.
Además, los sectores productivos podrían enfrentar incertidumbre jurídica, ya que la ausencia de reglas claras abre la puerta a litigios.
En el plano internacional, la medida se suma a la salida de los Estados Unidos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), aislado de las negociaciones climáticas.
Mientras otros países sostienen o refuerzan sus metas, potencias como China se posicionan como actores confiables en la transición energética.
Para la crisis climática global, la señal es contundente: la ciencia permanece, pero la obligación de actuar se debilita. En un escenario donde cada tonelada de carbono cuenta, la retirada regulatoria de uno de los principales emisores complica los esfuerzos multilaterales para contener el calentamiento y erosiona la credibilidad estadounidense en temas que exigen liderazgo basado en evidencia. La batalla, sin embargo, apenas comienza, porque ya se preparan impugnaciones judiciales que podrían redefinir el alcance de esta decisión.