Sin buena policía local no hay paz

Por Omar Garfias

@Omargarfias

Los cuerpos policiacos débiles son más fáciles de corromper y más ineficaces para prevenir, investigar y perseguir el delito.

En Sinaloa se mata y roba porque se hace impunemente; no existen, entre otras cosas, las instituciones locales necesarias para garantizar la seguridad pública.

Sinaloa tiene un policía por cada dos mil habitantes. Yucatán, uno por cada 625. Sinaloa tiene menos de la tercera parte de elementos para cuidar a sus pobladores que allá.

En junio de 2025 asesinaron en Sinaloa a 207 personas; en Yucatán, a una.

Es información oficial del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado en agosto, y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En Querétaro, 100 por ciento de los policías estatales cuentan con el Certificado Único Policial. En Sinaloa, sólo 61 por ciento. En el primer semestre del año hubo 80 homicidios dolosos en Querétaro; en Sinaloa, 839.

En Durango, 92 por ciento del personal de las corporaciones policiacas estatales obligado a presentar evaluaciones de control de confianza trabajaba con evaluaciones aprobatorias vigentes; en Sinaloa, sólo 48 por ciento. Allá la tasa de robo de vehículo por cada 100 mil habitantes en junio fue de 1.65; en Sinaloa, 16.68.

En Nuevo León, en 2024 la institución de seguridad pública estatal ejerció mil 374 pesos por ciudadano; en Sinaloa, sólo 432. Allá la tasa de robo con violencia por cada 100 mil habitantes en junio fue de 3.06; en Sinaloa, 21.41.

Respecto a la infraestructura policial —edificios de comandancias, estaciones, subestaciones, módulos, etc.—, la policía estatal de Coahuila cuenta con 69 unidades; la de Sinaloa, cinco. Allá la tasa de robo de negocio por cada 100 mil habitantes en junio fue de 3.06, en Sinaloa, 21.41.

Un parámetrs de eficacia es la cantidad de presuntos delincuentes detenidos y puestos a disposición ante las autoridades de justicia cívica y el ministerio público.

En 2024, la policía estatal de Durango puso a disposición a 4 mil 769 presuntos delincuentes; la de Coahuila, a 9 mil 195; la de Querétaro, a 17 mil 506; la de Yucatán, a 17 mil 759, y la de Sinaloa, apenas 751.

Los sinaloenses padecen algunas de las más fuertes expresiones del crimen organizado y, para protegerse tienen a una de las instituciones de seguridad pública estatal más débil del país.

La policía estatal está entre las que menos elementos, menos certificaciones, menos presupuesto, menos infraestructura y menos evaluaciones aprobadas de control de confianza tiene.

El crimen organizado está por encima del resto del mundo; las policías locales están por debajo del resto del país.

No hay experiencia exitosa de pacificación en el mundo que no tenga como componente indispensable al fortalecimiento de las policías locales.

Suponer que es innecesario reconstruir las policías sinaloenses tiene varios errores, entre ellos no asumir que las fuerzas federales se irán en algún momento y el estado quedará, nuevamente, expuesto a las debilidades propias.

Del mismo modo, no hay claridad de que las instituciones estatales de seguridad pública tienen tareas específicas que no pueden realizar el Ejército o la Guardia Nacional.

El gobernador se pregunta por qué con tanto militar en la calle ocurren tantos delitos. La respuesta es sencilla: no se hacen las labores de investigación, reacción y proximidad que requieren del sigilo, discreción, conocimiento del terreno y persistencia que sólo pueden realizar las policías. Labores donde estorba la aparatosidad y pesadez de la milicia.

Además, es falsa la creencia de que los miembros federales no se corrompen con el contacto prolongado con la delincuencia.

La causa del fracaso en el combate al crimen organizado está, además de en la implementación de una estrategia equivocada, en el hecho de suponer que se puede pacificar sin que el gobierno estatal cumpla su papel en la solución de los problemas de la violencia.

En el marco de una estrategia multidimensional, el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina aportan una contribución valiosa pero, además del trabajo policial específico que no pueden realizar, tampoco  tienen la visión ni el control de campos como la educación, el empleo, la infraestructura, la economía ni el vínculo con la sociedad para asumir la responsabilidad de devolver la paz al estado.

Con base en la exitosa pacificación de Coahuila, Rubén Aguilar concluye: “Se requiere la acción concertada de los tres órdenes de gobierno, pero el peso de las decisiones, la operación y el seguimiento de la estrategia es responsabilidad del gobernador. Mientras eso no ocurra, el problema nunca se va a resolver”.

Se necesita la reconstrucción de las policías locales. Tener lo que hoy no se tiene: instituciones de seguridad pública y aplicación de la justicia capaces de prevenir, investigar y perseguir el delito, con una cantidad adecuada de policías y agentes del ministerio público no cooptados por el crimen organizado, capacitados y equipados al más alto nivel, con salarios profesionales, con apoyo de servicios de peritaje y con autonomía respecto de cualquier otro poder.

El problema de inseguridad en Sinaloa es tan grande que se necesita un policía por cada 500 habitantes, el ciento por ciento con certificado único policial, con evaluaciones de confianza aprobadas y vigentes, con sueldos como los del programa “Legado”, de Jalisco; con un plan de construcción de la infraestructura necesaria y un presupuesto para la institución de seguridad pública estatal de mil 500 pesos por cada habitante.

Un consejo con participación ciudadana y gubernamental debe establecer técnicamente un cronograma y dar seguimiento a la reconstrucción de las policías locales.

“Puedes decir que soy un soñador,  pero no soy el único”, cantaba John Lennon… Y quienes queremos mejorar nos unimos para exigir paz.