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Por Omar Garfias
@Omargarfias
El gobernador Rubén Rocha Moya recibió el estado de Sinaloa en la posición número 16 del Índice de Paz y prometió mejorarlo para llevarlo al 12; va en el 19, según datos de 2023, sin considerar los efectos de la crisis actual que, se estima, lo llevarían al lugar 31.
No es fortuito que sucedan tantos delitos y que no exista la paz pública. Es consecuencia de destinar los más bajos presupuestos del país a la seguridad, cuando los sinaloenses viven uno de los problemas más grandes del mundo.
En seis meses después del "culiacanazo" han sucedido más de tres mil robos de autos, más de mil 200 secuestros, cerca de mil asesinatos y centenares de balaceras en todos los lugares y en todos los horarios.
Se ha visto que la Fiscalía es una institución débil para investigar y castigar el delito. También las policías estatales y municipales lo son para prevenirlo y para garantizar la seguridad ciudadana. Se invierte poco y mal. Se finge, se disimula.
Los estados donde en 2023 sucedieron tasas por habitante menores en homicidios, delitos con violencia, delitos con armas de fuego, crímenes de la delincuencia organizada y hay menos miedo a la violencia, fueron Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Durango y Coahuila.
Es información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Información oficial.
En 2023, en Yucatán a cada policía preventivo le correspondió proteger a 909 ciudadanos; en Tlaxcala, a mil 111; en Sinaloa, a 3 mil 333. Fuimos el penúltimo lugar en número de policías estatales por habitante.
La institución de seguridad pública estatal de Yucatán ejerció 3 mil 134 millones de pesos; la de Chiapas, 4 mil 144 millones; la de Sinaloa, 936 millones. Últimos lugares por presupuesto.
La fortaleza institucional permitió a las policías estatales de Durango poner a disposición de la autoridad de justicia cívica o del ministerio público a 4 mil 611 personas que cometían desde infracciones a reglamentos hasta delitos graves; en Coahuila, a 10 mil 483; en Chiapas, a 9 mil 731, y en Yucatán, a 18 mil 889. En Sinaloa, apenas a 536. Último lugar. En Sinaloa se puede hacer todo impunemente, desde orinar en la calle hasta asesinar.
“En 2023, Sinaloa experimentó el segundo mayor deterioro de la paz en México. La calificación general del estado cayó 10.9 por ciento, perdiendo cinco lugares. El estado experimentó deterioros en los cinco indicadores. El indicador de crímenes de la delincuencia organizada experimentó el mayor deterioro entre los indicadores en Sinaloa, con un aumento de la tasa general de 27.4 por ciento”, reportó el Índice de Paz.
No hay misterio. Las instituciones que previenen el delito y garantizan la seguridad de los ciudadanos se debilitan si se les limitan los recursos.
Para 2025, el gobierno y el congreso morenistas aplican la misma fórmula que posibilita que el crimen organizado sea más fuerte que las policías.
La Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán destina 3 mil millones de pesos para prevenir el delito y garantizar la paz ciudadana de 2.3 millones de yucatecos, esto es 1 mil 304 pesos por persona. Su similar de Chiapas, 4 mil millones de pesos para 5.5 millones de chiapanecos, esto es 727 pesos por persona. La instancia de Durango, mil 214 millones de pesos para 1.8 millones de duranguenses, esto es 674 pesos por persona. La dependencia de Coahuila, 2 mil 333 millones de pesos para 3.1 millones de coahuilenses, o sea 752 pesos por persona. La Secretaría de Tlaxcala, mil 162 millones de pesos para un millón 342 mil tlaxcaltecas, 894 pesos por persona.
En Sinaloa se aplican sólo 962 millones para garantizar la seguridad pública de tres millones de sinaloenses: 320 pesos por persona.
No se invierte ni la mitad de lo que destinan los estados más exitosos. Ni la cuarta parte de lo que se hace en Yucatán.
Los resultados son obvios.
En enero pasado, la tasa de robo de vehículo por cada 100 mil habitantes en todo el país fue de 8.63. En Tlaxcala, de 7.63; en Durango, 3.65; en Chiapas, 1.50; en Yucatán, 0.67; en Coahuila, 0.58. En Sinaloa, 18.45.
No hay modo de que se tenga paz. Hay un problema mucho más grande que los demás y se invierte mucho menos que los demás.
El factor fundamental para que en las calles y los hogares no sucedan delitos es la presencia de una fuerza policiaca suficiente, equipada, distribuida inteligentemente, bien pagada, capacitada y no cooptada por el crimen organizado.
La obligación de los ciudadanos es acatar la ley y pagar impuestos.
Para evitar que las personas que deciden cometer delitos concreten su agresión a los demás, se concede a los gobiernos el monopolio del uso de la fuerza.
Vivimos en un estado donde los gobiernos fingen que trabajan por nuestra seguridad.
Las bellas palabras que dicen no se reflejan en los hechos ni en el presupuesto. Dejan a los ciudadanos a lo que disponga el crimen organizado.
Son parte del problema, no de la solución.
La sociedad ha fallado al no exigir al gobierno cumplir con su obligación.
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