.png)
Imagen y texto de Fernando Silva
El 2024 es un año electoral especial, ya que por primera vez, alrededor de 70 países con poco menos de la mitad de habitantes en el mundo tenemos previsto celebrar elecciones y, correspondiente a lo expuesto por la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) y la consultora Anchor Change, 50 de estos procesos serán presidenciales. En ese sentido, tan sólo durante enero en tres naciones (Taiwán, Comoras y Finlandia) asistió la gente a las urnas para votar por sus jefes de Estado. El turno de Latinoamérica llegó el 4 de febrero en El Salvador. Para el resto del año, la agenda estará compuesta por algunas de las elecciones generales más relevantes en el continente americano como en México, Venezuela y los Estados Unidos de América; asimismo, en países como la India, que concentra la mayor cantidad de habitantes en el mundo. Por su parte, la publicación semanal The Economist señaló que de los países considerados por el Índice de Democracia, únicamente 43 naciones tendrán elecciones plenamente libres (entre ellas los 27 Estados de la Unión Europea), mientras que los otros 28 no reúnen las condiciones para concebirse como sufragios libres y justos, asegurando que las elecciones serán una simple formalidad en países como Bangladesh, en donde el gobierno lanzó una campaña de ataques contra el emprendedor social, banquero, economista, líder social y Premio Nobel de Economía, Mohammad Yunus. Evidentemente, lo que cada nación decida incidirá en la geopolítica mundial —en lo previo y en lo posterior— mientras se impone tremenda ofensiva (des) informativa, particularmente en línea, por parte de las fuerzas de oposición unida con cúpulas empresariales, económicas y sociales con desleales intereses.
Este tsunami de elecciones coincide con operaciones de influencia local e internacional, que posiblemente incrementen los extremismos de todo tipo; el clasismo, el racismo y la aporofobia; el conjunto de doctrinas y movimientos políticos que favorecen el uso del poder político o la fuerza del estado para conservar tradiciones —creencias o costumbres— religiosas o políticas y el mal uso de la inteligencia artificial (AI por sus siglas en inglés), particularmente, con alta vesania en la protección e inseguridad de las redes sociales. Sobre la AI y las soluciones online que posibilitan la ejecución de diversas tareas en un mismo lugar a través de la Internet, se advierte que el uso ilegal y desenfrenado, fundamentalmente de los Bots —para hacer pasar por usuarios legítimos a quienes manipulan las computadoras— y emular el comportamiento humano e interactuar con alto grado de maldad con usurarios de las plataformas digitales, así como los mentados Troles, en donde individuos son contratados para publicar mensajes instigadores en WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat o en X (antes Twitter) y otros programas como scripts y software applications que permiten un uso malicioso en redes sociales, conllevando la perversa intención de viralizar noticias falsas, calumniar a un candidato (mujer u hombre) en el período de tiempo en el que se realizan diversas actividades encaminadas a la elección de un cargo de trascendencia pública, con el burdo fin de que sea «tendencia» y, con ello, amenazando —entre otras cosas— con ejercer control sobre la opinión de las personas para lograr consenso o para modificar su opinión.
Desde este punto de vista, es inquietante saber que un sinnúmero de campañas de odio, de desinformación y las falsas narrativas, suelen ser proliferadas con el respaldo de mezquinos intereses económicos perpetrados por grupos elitistas y supremacistas desde la World Wide Web (comúnmente conocida como www, W3 o simplemente la Web) para dar «información» intencionadamente amañada al servicio de fines deleznables, con el propósito de reemplazar e infravalorar a periodistas de medios de comunicación profesionales y confiables —en todos los procesos electorales en el mundo— con herramientas automatizadas de negativa y ruin propaganda a favor de estas agrupaciones oligárquicas que, aprovechando el control o siendo dueños de las grandes cadenas televisivas e influyentes periódicos logran confundir, engañar, regular y hasta comprar la voluntad de millones de electores.
En ese entorno mal orientado en direcciones contrapuestas por los discursos de hostilidad y sectarismos de una minoría que defiende las diferencias de clase y la discriminación, que sostiene con malevolencia la superioridad de un grupo étnico y que evidencia antipatía y aversión hacia la gente de escasos recursos económicos, estamos quienes amparamos los valores y derechos universales inherentes a cada ser humano por el simple hecho de serlo, colaborando en pro del bien general y colocándonos con dignidad —en un frente común— para poner un alto a tan deshonroso ponderar y operar, transigiendo a fin de acabar con la brutal manera de proceder en bien de la redefinición imparcial de nuestras normas sociales, valores humanistas y derechos civiles, así mismo divulgando por diversos medios el cómo denunciar y responsabilizar a esas personas que, bajo el cobijo de la ignorancia y/o la mala intención, generan perjuicios desde la Internet. Tener presente que el sublime significado existente entre la democracia y la justicia social tiene cada vez mayor relevancia; por ello, hay que reestructurar a partir de una serie de juiciosas reflexiones, debates y propuestas en base a la serenidad inteligente y respaldada en el conocimiento que ofrecen argumentos de meritorio progreso social e integridad personal y colectiva. Por lo tanto, centrar el carácter sociocultural humanístico, no sólo ayuda a conocer cuáles son aquellos principios y valores que entrelazan a esta forma de gobierno con la igualdad y equidad, sino que además contribuye a seguir un punto de partida sólido para las transformaciones sociales y los desafíos a las injusticias del orden establecido.
En esa dirección, el profesor, sociólogo y político Seymour Martin Lipset, en los años sesenta del siglo XX, conjeturó en su libro «El hombre político», que la democracia se relaciona con el estado de desarrollo económico, es decir, cuanto más próspera sea una nación en lo cultural, económico y en la justicia, tanto mayores serán sus posibilidades de procurar la soberanía desde lo nacional hasta lo popular. Con tal planteamiento, Seymour Martin intentó dar a conocer de manera empírica que el grado de urbanización e industrialización hace relación con la democracia, así como la educación desde los hogares, la formación académica y la responsabilidad cívica de cada persona en la sociedad en la que coexiste. Y en reciprocidad a lo expuesto, a principios de la década de los años setenta del siglo pasado, el filósofo John Bordley Rawls dio a conocer su libro «Teoría de la justicia», pieza articulada de razonamiento normativo, en donde señaló: «…en una sociedad justa, las libertades básicas se dan por sentadas, y los derechos, asegurados por la justicia, no están sujetos al regateo político ni al cálculo de intereses sociales. La justicia como imparcialidad intenta explicar estas convicciones de sentido común relativas a la prioridad de la justicia mostrando que son consecuencia de los principios que hubieran de escogerse en la posición original». De ahí que los principios éticos y morales que llevan a determinar que todos debemos vivir honestamente, sean el punto de partida de todo gobierno y la principal virtud sociocultural.
Entonces, para no ser presa de tergiversaciones politiqueras es prudente apelar a la sensatez individual y colectiva con la intención de hacer efectivo el Estado providencial, por lo que es importante retomar los elementos cardinales consistentes en que los gobiernos proporcionen el conjunto de las virtudes que aplican según derecho o razón a los ciudadanos para satisfacer las necesidades básicas, promover la igualdad de oportunidades formativas, laborales, de vivienda, alimentarias, de salud y de seguridad, así como la distribución equitativa de las riquezas (naturales y materiales), todo en disposición del ánimo que mueve a otorgar a cada quien lo que de manera meritoria procura conseguir o lograr y, principalmente, evolucionar como respetables seres humanos a partir de ser próvidos. Definitivamente, es vital recuperar la forma liberal del Estado de Derecho, como la clara alternativa de un gobierno benefactor en pro del bienestar de todo ser viviente.