Un tribunal electoral a modo

TEMAS CENTRALES

Por Miguel Tirado Rasso

mitirasso@yahoo.com.mx

En el juego maquiavélico

del gobierno pasado se decidió,

en el caso del TEPJF, no formular

los nombramientos de los reemplazos

que habrían de sustituir a los dos

magistrados que habían concluido

el período de su mandato, conforme a la ley.

Por si todavía hubiera quien apostara a la imparcialidad de las autoridades electorales, sólo habría que revisar el sesgo de algunas de sus recientes resoluciones para saber qué esperar de ellas y con quién están comprometidas: tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pasaron de ser instituciones respetadas, con reconocimiento internacional, por su actuación y desempeño en las funciones de su competencia, a cómodos organismos a modo del gobierno de la 4T, papel que han asumido a plenitud al evitar, en todo momento, afectar los intereses del gobierno ni con la sombra de una sentencia.

En el juego maquiavélico del gobierno pasado se decidió, en el caso del TEPJF, no formular, conforme a la ley, los nombramientos de los reemplazos de los dos magistrados que concluyeron el período de su mandato.

Por aquello de “no me vengan con que la ley es la ley”, el pleno de la Sala Superior, que debiera integrarse por siete magistrados, se redujo a cinco, hasta la fecha. Y es que resultaba menos complicado para el gobierno controlar el Tribunal con un pleno de cinco miembros, pues con tres magistrados cooptados tuvo mayoría y, consecuentemente, el control. Mala noticia para la democracia, porque la institución es la máxima instancia en materia electoral y sus resoluciones son inapelables.

 Los magistrados del Tribunal no han tenido empacho en emitir polémicas resoluciones, que sacan adelante más por el peso de su mayoría que por la solidez de los argumentos jurídicos, como acaba de verse en el juicio sobre la legalidad de la elección del Poder Judicial. Los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora propusieron la anulación de diversas elecciones para la Corte, Magistraturas y Juzgados ante irregularidades como financiamiento ilícito pero, particularmente, por la inducción masiva del voto a través de acordeones.

La propuesta no prosperó y fue desechada por los tres magistrados alineados al oficialismo: Mónica Soto, magistrada presidente; Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, para quienes los acordeones no eran pruebas contundentes para acusar la inducción del voto, si bien no pudieron negar su existencia. Para ellos, que 45 por ciento de los votos válidos se concentrarán en una sola de 7 mil 400 millones de combinaciones posibles, no les pareció sospechoso y, supongo, consideraron que fue una “mera coincidencia”.

Según estos magistrados, la existencia de los acordeones no comprueba que hubo una distribución y uso generalizado. Cuestionaron que si no se sabe quién los hizo, cuánto gastaron, quiénes los diseñaron, de qué gobierno salió el dinero para acusar un financiamiento ilícito, ni qué partidos, funcionarios o gobiernos idearon la “estrategia coordinada”, entonces sólo podía hablarse de sospechas, conjeturas y acusaciones falaces.

La consigna era sacar adelante la elección. Validarla a pesar del megafraude a la vista de todos. No iban a permitir que la Reforma Judicial, planteada como la solución a los “graves problemas de corrupción y nepotismo” que, según el ex mandatario y fundador de Morena, caracterizaban a los juzgadores del momento, tropezara, así se tratara de un proceso electoral con graves fallas, mal pensado, peor diseñado y complejo por el número de cargos a elegir.

Contra el discurso oficial sobre las bondades de la Reforma Judicial, el pueblo bueno y sabio nunca entendió de qué se trataba. El tema, eminentemente jurídico, resultó ininteligible y muy lejano a la mayoría de la población, lo que se reflejó en la escasa votación. La oferta dice que la elección permitirá mejorar la democracia y aspirar a una mejor justicia, con jueces más cercanos y sensibles. El tiempo lo dirá.

La realidad es que la elección del Poder Judicial decepcionó a propios y extraños. El gobierno manejó la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces como un gigantesco avance en la procuración de justicia.

De hecho, para la retórica oficial esta elección nos colocaría como el país más democrático del mundo. Lo cierto es que el proceso despertó poco interés en la población, pues de un padrón de más de cien millones de posibles electores, sólo acudieron a las casillas menos de 13 millones: 87 por ciento de los mexicaos desoyó el llamado a las urnas.

Además de su muy reducida legitimidad, a la elección judicial difícilmente se le borrará la mancha de fraudulenta.

Agosto 28 de 2025