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Inalcanzable,la nueva Norma para las descargas de aguas residuales


Agua para todos


Por Juan Carlos Valencia Vargas

Facebook: JuanCarlosValenciaAGUA


El 70 por ciento de las aguas superficiales en el país están contaminadas o fuertemente contaminadas, de acuerdo con especialistas en ecotoxicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); de ahí la trascendencia de lo ocurrido el pasado 3 de abril, cuando entró en vigor la nueva Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación.

Esta Norma sustituye a la emitida en 1996, es decir, tuvieron que pasar 25 años para actualizarla, aún cuando los límites máximos permisibles (LMP) y los parámetros establecidos en la Norma anterior habían probado ampliamente ser insuficientes para controlar la contaminación en los cuerpos de agua.

Sin lugar a dudas, era imperativo actualizarla, pero pensar que el sólo hecho de cambiar la Norma va a mejorar la calidad del agua de nuestros ríos y cuerpos de agua es engañarnos a nosotros mismos. La norma vigente desde 1996 establecía un cumplimiento gradual, dependiendo del tamaño de la población; las comunidades urbanas mas grandes debían cumplir en el año 2000; las medias, en 2005, y las pequeñas, en 2010. Las comunidades rurales de menos de 2,500 habitantes no estaban obligadas a cumplir con esta norma.

De acuerdo con el Censo de 2020, en México hay 4,189 localidades urbanas, por lo que debería haber, al menos, el mismo número de plantas de tratamiento en operación (una por localidad, aunque en muchos casos la topografía obligaría a que fuera más de una), pero según el inventario nacional de plantas de tratamiento municipales que publica la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al concluir 2020 existían 2 mil 786 plantas municipales de tratamiento en operación, con una capacidad total instalada equivalente al 67 por ciento del agua residual generada y colectada en los sistemas municipales de alcantarillado.

Es decir, nunca se logró el cumplimiento pleno de la norma anterior. Apenas se construyeron dos terceras partes de las plantas de tratamiento que deberían existir, y hay que decir que cientos de plantas no operan y otras tantas no lo hacen adecuadamente. El resultado salta a la vista con sólo asomarnos a cualquier río o barranca que pase por una zona urbana.

Si se quieren datos, se puede revisar la Red de Monitoreo de la Calidad del Agua de Conagua; ahí esta toda la evidencia de la contaminación que se vive en los distintos ríos, lagos, canales y acuíferos del país.

De manera que si no se cumplió con la Norma anterior, que era menos estricta, ¿qué nos hace pensar que si se va a cumplir esta? Si ya de por sí los municipios han dejado de operar sus plantas de tratamiento por falta de recursos para pagar lo mas básico, como podría ser la energía eléctrica, ¿qué pasará cuando tengan que invertir millones de pesos en modificar sus plantas existentes? Además, se van a incrementen los costos de operación y mantenimiento y las frecuencias de inspección.

No me malinterpreten. No digo que no debió actualizarse la NOM, pero imponer límites más estrictos sin considerar las capacidades y las limitaciones actuales, la hacen inalcanzable.

Los sistemas operadores de agua potable y saneamiento del país, agrupados en la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), hicieron público un posicionamiento en el que manifiestan que, con las condiciones actuales, no están en posibilidad de cumplir. Refieren que para cumplir con la nueva NOM se requerirían inversiones que superan los 700 mil millones de pesos.

Por su parte, los empresarios agrupados en la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) han manifestado su oposición porque los nuevos límites y la mayor frecuencia de muestreos y análisis especiales incrementan sustancialmente los costos. Además, para cumplir con la Norma deberán hacer modificaciones sustanciales a los sistemas de tratamiento y/u operación, lo que significa un impacto económico relevante para la industria y, por ende, para la competitividad.

Finalmente, la autoridad responsable de vigilar el cumplimiento de la Norma, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), no tiene capacidad para vigilar los millones de descargas a lo largo y ancho del país: el número de inspectores es ridículo comparado con el tamaño del reto.

De manera que cambiar la Norma sin un programa de apoyo para la reconversión de las plantas existentes y sin fortalecer el programa de vigilancia de las descargas, lo único que logrará es un mayor incumplimiento, por lo que los ríos seguirán recibiendo miles de descargas de aguas negras sin tratamiento... O con tratamiento, pero sin cumplir con la Norma. Ojalá me equivoque.

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